La rifa del tigre

En 12 entidades del país los ciudadanos elegirán este año a sus nuevos gobernadores, quienes enfrentarán su peor momento dentro de dos años, cuando la baja en el petróleo se refleje en sus arcas.

La crisis que algunas entidades experimentan hoy día, no es nada comparada con la que vendrá en el mediano plazo.

Una combinación de disminución de recursos federales, el aumento de la deuda, la falta de empleo y crecimiento de la pobreza podrían poner en jaque a más de uno en sus primeros años de gobierno.

Los nuevos mandatarios enfrentarán no solo la disminución de recursos, sino las malas decisiones de sus predecesores.

El aumento en la deuda de algunas entidades donde habrá elecciones ha sido exponencial en los últimos años; en un caso, el crecimiento superó el 800 por ciento en solo cinco años.

En algunos de estos estados, han crecido también los niveles de desempleo y de pobreza.

Todo esto conforma un coctel que podría ser explosivo para los nuevos mandatarios, a quienes les tocará lidiar con las condiciones del país y las de sus estados en particular.

Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) revela que en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, donde habrá elecciones, el panorama es algo turbio para la próxima nueva administración.

Baja de recursos, la crisis que viene

El cálculo para el otorgamiento de las participaciones federales se realiza aplicando fórmulas contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal que otorgan recursos a las entidades, tomando en cuenta diferentes variables.

Se pondera, por ejemplo, el crecimiento económico, la capacidad de recaudación local, y otros factores.

Sin embargo, el cálculo del dinero que recibirán los estados no va exactamente al día. Las fórmulas para la distribución de las participaciones toman en cuenta los datos de dos años antes.

Para el dinero que los estados recibirán en 2016, por ejemplo, se tomaron como base los datos disponibles del 2014. Por eso es que a los estados todavía no llegan los efectos de un petróleo barato.

 “A finales del 2014 es cuando empieza a caer el precio del petróleo; sin embargo, todo el efecto del 2015 no se verá inmediatamente (…) la distribución del Fondo General de Participaciones lleva un rezago de dos años”, expuso Meléndez.

La crisis, sin embargo, no pegará igual a todos los estados.

El cálculo del CIEP es que, de las entidades donde habrá elecciones, la caída en los ingresos podría ser importante para Puebla, Durango y Tamaulipas, estados donde el Producto Interno Bruto Estatal ha disminuido en los últimos años.

De manera general, para los 32 estados del país, el golpe más fuerte podría estar en las entidades productoras de petróleo y de explotación minera.

“Estas entidades se habían visto beneficiadas con las participaciones. Tabasco, por ejemplo, todavía en 2016 es de los que tiene más participaciones per cápita. Sin embargo, va a venir una caída tremenda, porque el precio del petróleo había estado subiendo bastante y eso los había beneficiado en la distribución; pero como ahora decayó el precio del petróleo, van a ser los perjudicados”, anotó el investigador del CIEP.

Otro de los estados afectados será Sonora, donde había una importante explotación minera pero cuyos precios fueron arrastrados por la baja del petróleo.

Aunque no se tiene una cifra exacta sobre la baja de ingresos que tendrán los estados en el país –porque todavía no son publicadas las cifras totales del 2015 que permitirían hacer la proyección al 2017-, el cálculo indica que la baja de ingresos por participaciones podría ser de entre un 2 y un 5 por ciento.

A esto se suma la disminución de ingresos que tendrán las entidades por el recorte que el Gobierno federal ha planteado –al menos para 2016- en obras de infraestructura en los estados.

Poco ingreso, genera más dependencia

La situación empeora al tomar en cuenta que las entidades tienen pocos mecanismos de recaudación local de impuestos, lo que aumenta la dependencia de los estados en los recursos que les envía la Federación.

A nivel nacional, el promedio de recaudación per cápita es de mil 817 pesos.

Sobre ese índice se encuentran solamente –de los estados donde habrá comicios este año-, Quintana Roo (3 mil 932 pesos); Chihuahua (2 mil 946 pesos); Sinaloa (2 mil 36 pesos); Tamaulipas (mil 917 pesos), y Aguascalientes (mil 890 pesos).

Debajo del promedio están Zacatecas (mil 228 pesos); Durango (mil 112 pesos); Puebla (mil 92 pesos); Hidalgo (974 pesos); Veracruz (888 pesos); Oaxaca (728 pesos); y Tlaxcala (664 pesos).

Lo grave del asunto, sin embargo, es el porcentaje que la recaudación local tiene en los ingresos de las entidades.

Si se hace la comparación de la recaudación total y la entrada de dinero por participaciones y aportaciones federales, el porcentaje de ingresos locales es ínfimo en algunas entidades.

En Tlaxcala, por ejemplo, el ingreso propio es de apenas el 5.5 por ciento comparado con el dinero federal. En Oaxaca es del 5.6 por ciento. En Veracruz, alcanza el 8.6 por ciento.

En cambio, los estados que más recaudan tendrán menos impacto con la baja de recursos federales.

Es el caso, por ejemplo, de Quintana Roo, cuyos ingresos propios representan el 33.9 por ciento de lo que recibe de la Federación; Chihuahua, el 28.1 por ciento; Sinaloa, el 18.8 por ciento.

“La recaudación local da más recursos a los estados y disminuye la dependencia de los recursos federales. Un incremento de impuestos locales debería ir de la mano con la capacidad de pago de los ciudadanos”, expone el informe del CIEP.

Algunos de los nuevos gobernadores, empero, tendrán que lidiar ya con una baja en los ingresos de la población que los afecta desde ahora.

Entidades como Chihuahua, Oaxaca, Veracruz y Tlaxcala, experimentaron en años pasados la caída en el ingreso per cápita de su población.

Entre 2012 y 2014, bajo el mandato de sus actuales gobernadores, el ingreso per cápita bajó 9.7 por ciento en Chihuahua; 9.5 por ciento en Oaxaca; 6.5 por ciento en Veracruz; y 0.7 por ciento en Tlaxcala.

Deuda, el manejo irresponsable

Una de las condiciones que harán difícil el gobierno de los estados es el crecimiento desmedido de su deuda en los últimos años.

Con el aumento en los precios del petróleo, que ocurrió en años pasados cuando se cotizaba hasta en más de 100 dólares el barril, crecieron también los ingresos de los estados.

El dinero que reciben las entidades como parte de las ganancias petroleras se entrega en forma de participaciones federales, recursos que conforman gran parte del dinero de las entidades.

Con el aumento de las participaciones federales en el tiempo en que el petróleo tuvo precios altos, llegaron las ofertas bancarias para prestar dinero a las entidades, comprometiendo los recursos que recibirían de la Federación porque los estados tenían más capacidad de pago.

“Al tener más dinero para solventar deuda, algunos gobernadores vieron esto como una oportunidad; además, las tasas de interés venían cayendo en el mercado, por lo que era atractivo contratar la deuda.

“Sin embargo, la contratación de la deuda se dio a un ritmo muy superior comparado con los ingresos; entonces, eso incrementó el nivel de endeudamiento de los estados. En algunas entidades el crecimiento de la deuda fue abismal”, explicó Kristóbal Meléndez, investigador del CIEP y autor del análisis “Situación de los estados con elecciones en 2016”.

A nivel nacional, el monto de endeudamiento de los estados, calculado en 552 mil 833 millones de pesos –a diciembre del 2015-, creció cuatro veces más que los ingresos por participaciones.

Los estados donde habrá elecciones este año, Zacatecas, Chihuahua, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Durango tuvieron incrementos del nivel de endeudamiento superiores al 44.06 por ciento, que es el promedio nacional en los últimos cinco años.

De estas entidades, el primer lugar se lo lleva –por mucho- Zacatecas, gobernado por el priista Miguel Alonso Reyes, cuya deuda creció en un 843.1 por ciento en cinco años.

Pasó de 831.7 millones de pesos, en diciembre del 2010, a 7 mil 844 millones de pesos, en diciembre del 2015. Exponencialmente, la entidad que más creció en endeudamiento.

Chihuahua, gobernada por el priista César Duarte Jáquez, tiene el segundo lugar con un incremento de 188.1 por ciento entre el 2010 y el 2015. Su deuda pasó de 15 mil 301 millones de pesos a 44 mil 82 millones.

En tercer lugar se encuentra Oaxaca, gobernada por Gabino Cue Monteagudo (PAN-PRD-PT-MC), que aumentó su deuda en 141.3 por ciento, al pasar de 5 mil 628 millones de pesos a 13 mil 582 millones de pesos.

De los estados donde habrá elecciones, el más endeudado es Veracruz, bajo el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa, que tiene –a diciembre del 2015- una deuda de 47 mil 296 millones de pesos.

En 2010, su adeudo era de 26 mil 219 millones, lo que representa un aumento del 80.3 por ciento en cinco años.

La entidad con menos deuda es Tlaxcala, gobernada por el priista Mariano González Zarur, con un endeudamiento de solo 34 millones de pesos a diciembre del 2015.

El único estado -de los 12 donde se elegirá nuevo gobernador- que disminuyó su nivel de deuda en los últimos cinco años fue Puebla, gobernado por Rafael Moreno Valle (PAN-PRD-MC-NA), con una caída del 20 por ciento.

El endeudamiento de los poblanos pasó de 11 mil 103 millones de pesos, en diciembre del 2010, a 8 mil 874 millones de pesos, en diciembre del 2015.

 “En vez de destinar recursos para disminuir la pobreza extrema, para reducir el número de personas sin servicios de salud o para disminuir la violencia, se estarán destinando recursos al pago de deuda de los próximos años”, sentencia el CIEP.

Pobreza y desempleo, pesada carga

Otros factores que tendrán un impacto directo en las condiciones económicas y de gobernabilidad en las entidades donde habrá elecciones este año serán la pobreza extrema y el desempleo.

Algunas de las entidades donde habrá elecciones este año disminuyeron sus índices de pobreza extrema, mientras que en otros aumentaron considerablemente.

Entre el 2012 y el 2014, la pobreza extrema bajó en Aguascalientes un 36 por ciento, al pasar de 41 mil 980 personas en esa condición, en el 2012, a 26 mil 709 personas en 2014.

En Durango, la cifra pasó de 128 mil 27 personas a 92 mil 999, en 2014. Una baja de 27.3 por ciento.

Tlaxcala logró reducir la cifra de personas en pobreza extrema en un 26 por ciento, al pasar de 112 mil 245 a 82 mil 637 personas.

También se ubicaron a la baja Zacatecas (22 por ciento); Quintana Roo (11 por ciento); Puebla (6 por ciento); y Tamaulipas (5 por ciento).

 Del otro lado de la moneda, en cinco entidades la pobreza extrema aumentó entre el 2012 y el 2014.

Es el caso de Chihuahua, con el aumento más importante. Ahí, las personas en condición de pobreza extrema pasaron de 136 mil 290 en el 2012, a 200 mil 315 en el 2014. Un crecimiento del 46 por ciento.

En Hidalgo, el incremento fue del 26 por ciento, al pasar de 276 mil 714 a 350 mil 456 personas en pobreza extrema.

En Oaxaca también creció esta cifra. En el 2012, había 916 mil 586 personas pobres en extremo; para el 2014, el número de ubicó en un millón 130 mil 297; un aumento del 23 por ciento.

El índice de pobreza extrema creció también en Veracruz (22 por ciento), y Sinaloa (19 por ciento).

En el caso del desempleo, aunque el índice general de las entidades donde habrá elecciones ha disminuido en 11 por ciento entre el 2010 y el 2014, en algunos estados la historia no es similar.

Entre el 2010 y el 2014, el desempleo bajó en Chihuahua (55 por ciento); en Aguascalientes (45 por ciento); en Tlaxcala (39 por ciento); en Puebla (22 por ciento); en Tamaulipas (21 por ciento); en Hidalgo (9 por ciento) y en Veracruz (2 por ciento).

Sin embargo, aumentó en Oaxaca (0.5 por ciento); en Quintana Roo (6 por ciento); en Zacatecas (7 por ciento); en Durango (8 por ciento); y en Sinaloa (10 por ciento).

¿Camino sin salida?

Ante un panorama incierto por las condiciones de disminución de ingresos, el aumento exponencial de la deuda y factores sociales como la pobreza y el desempleo, los nuevos gobernadores enfrentarán desde el día uno condiciones adversas para el ejercicio de los gobiernos.

¿Hay alguna solución?

Para Kristóbal Meléndez, las estrategias a seguir son tan variadas como las políticas de gobierno de los nuevos mandatarios.

Hay quienes optarán, comentó, por un recorte en los gastos o una baja en su inversión. Pero hay otros caminos.

“Nosotros consideramos que la mejor estrategia es incrementar los ingresos; en esa medida, se afecta menos a los que menos tienen, porque los recortes a veces afectan a programas sociales o genera desempleo.

“En cambio, si se incrementa la recaudación local, ésta podría ser la mejor opción: tener más recursos para solventar los gastos, depender menos de los recursos federales, tener para pagar la deuda, e incluso para disminuir rezagos sociales de pobreza extrema o acceso a servicios de salud o a mejorar la educación o el combate a la violencia”, apuntó el investigador. 

Algunos de los impuestos estatales más importantes son a la nómina, al hospedaje, a la adquisición de vehículos o a las actividades mercantiles, al consumo de bebidas embriagantes, entre otros.