La mano que prende la bomba

Lo que en su momento fue el EZLN para el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y para Ernesto Zedillo el EPR, ahora podría ser para Enrique Peña Nieto el surgimiento de un grupo guerrillero en Michoacán. 

En este estado existen a la fecha un total de 20 grupos de civiles armados -con armas de grueso calibre- aun cuando el estado solo reconoce la existencia de cinco grupos bajo la generosa calificación de autodefensas.

Los atentados a las instalaciones de la CFE que se registraron el pasado fin de semana, no dejan de llamar la atención por la forma cronométrica y sincronizada en que se desarrollaron. 

Por la operación es evidente un conocimiento y una organización previa que supera por mucho cualquier acto delictivo común. Personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en la Ciudad de México, ya ha catalogado el atentado de Michoacán como un acto terrorista.

El razonamiento lógico de la investigación que se gesta al interior de organismo de inteligencia mexicana se finca en dos principios: 

1). No es un acto del crimen organizado ni de grupos relacionados al narcotráfico, porque a ellos (cualquiera de los cárteles) no les interesa una mayor presencia militar en el estado. 2). La precisión y certeza con que se llevó el acto apunta a una organización de tipo militar, que habla de la posibilidad de un grupo de fuerzas especiales.

Una tercer línea de investigación para llegar a ubicar a los responsables de los atentados es la participación de un grupo –incluso, desde adentro del gobierno– interesado en hacer ver fallida la estrategia del Gobierno Federal en materia de seguridad, con lo que se estaría validando el ingreso de mandos militares de “línea dura” a la guerra contra el narcotráfico de la actual administración federal.

La psicosis que se vive en Michoacán es casi generalizada, lo que demuestra en la práctica que el acto terrorista causó el efecto deseado: generar terror entre la población. 

Esta sería la cuarta línea de investigación desde el Cisen, en donde se analiza la posibilidad de que haya sido un evento de injerencia extranjera, que valide “legalmente” la intervención del gobierno de Estados Unidos para tomar control de la seguridad interna de México, al existir el riesgo de terrorismo “en el patio trasero”.

Gobierno estatal, desconcertado

Aún no bien se acaba de restablecer el servicio de energía eléctrica en los municipios en donde sufrieron atentados a las instalaciones de la CFE por parte de grupos armados, y ya el gobierno estatal de Michoacán, a través del secretario de Gobierno, Jaime Mares Camarena, ha salido a minimizar los acontecimientos registrados el fin de semana.

Paralelo a la postura oficial del gobierno estatal, en donde se descarga la responsabilidad de la paz pública a la autoridad federal, ya se escuchan las voces al interior del congreso local, que piden una revisión a las condiciones que prevalecen en el estado, a fin de aplicar el proceso para desaparecer poderes.

La postura que más prevalece en torno a la posibilidad de desaparición de poderes en Michoacán es la de los diputados del PRD, en donde se hace eco al planteamiento de Jesús Zambrano, que desde el pasado mes de julio, justamente cuando Fausto Vallejo presentó su segunda licencia al cargo, por motivos de salud, ha venido insistiendo en la necesidad de darle certeza al gobierno estatal mediante la recisión del cargo de gobernador.

La visión del PRD sobre la necesidad de desaparecer poderes en la entidad, ha sido compartida desde el pasado mes de mayo por el PAN en Michoacán, en donde se avala la postura manifiesta por parte de un grupo de senadores, entre ellos Jorge Luis Preciado Rodríguez,  Luisa María Calderón, Salvador Vega Casillas y Roberto Gil Zuarth, quienes en su momento debatieron qué hacer desde el Congreso de la Unión ante la crisis de ingobernabilidad que se vislumbra en Michoacán.

‘Daños menores’, dice Segob estatal 

Ante las voces políticas que exigen una recomposición del gobierno estatal, con un gobernador más actuante y políticas de seguridad pública más definidas en el ámbito local, el secretario de Gobierno en la entidad ha salido a decir que los incendios de seis gasolineras son “daños menores” y que las investigaciones del caso ya están corriendo en instancias de la PGR y de la PGJE.

Ante la crisis que ya se vive en Michoacán, en donde siguen los apagones de energía eléctrica en los municipios afectados, ya se ha notado una disminución de la actividad económica, y hasta del suministro de agua potable, en algunos casos. 

La Comisión Federal de Electricidad no ha dado a conocer que aún no se restablece al 100 por ciento el suministro de energía en los municipios afectados.

Hasta este lunes la CFE  informó que con dificultades, se registraba un avance de 60 por ciento en el restablecimiento del servicio eléctrico a los diversos municipios de Michoacán, afectados por los atentados del fin de semana pasado. 

La falta de electricidad ha impactado en el suministro de tortillas, agua potable, telecomunicaciones y actividades económicas en los bancos y el comercio en general. No hay reporte de los daños económicos cuantificados, pero se estiman notables.

Herencia del EZNL y EPR

En Michoacán operan al menos 20 grupos civiles armados, que bajo el argumento de la autodefensa de sus comunidades, se han venido haciendo inmunes a la acción penal del estado. 

Se han registrado casos en donde los civiles armados son tolerados por la autoridad federal encargada del operativo de seguridad.

No se sabe a bien quién o de dónde se ha contribuido al financiamiento para el armamento de estos grupos, los que cada vez exigen más posiciones de mando a la autoridad federal, ignorando por completo al gobierno estatal. 

Incluso existen seis municipios en Michoacán que no tienen alcalde. El gobierno local fue desplazado por la autoridad autoimpuesta.

Tras la incursión en el ánimo de los mexicanos del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el primero de enero de 1994, ese grupo mantuvo presencia en Michoacán con miembros de las comunidades indígenas de la entidad, principalmente de la zona de la  meseta purépecha, en donde hubo un hermanamiento del EZLN con gobiernos naturales de los pueblos indígenas.

Algunos de los grupos de civiles armados que operan en la entidad  podrían tener nexos con el grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR) el cual ya manifestó su presencia en la entidad a mediados del año de 1996, cuando se llevó a cabo una escalada de información a la sociedad para sumar adeptos a sus filas. A partir de 1996 el EPR fue el grupo guerrillero más activo del país.

El 19 de julio, en uno de sus comunicados, el grupo EPR informó haber matado a seis soldados durante una emboscada y el 1 de agosto, también de 1996, en el poblado de El Guayabo, municipio de Técpan de Galeana, el EPR hirió a un teniente del ejército. 

El 7 de agosto de ese mismo año se realizó una ofensiva contra un campamento militar ubicado cerca del poblado Los Encinos, en Coyuca de Benítez, resultando muertos por lo menos 30 soldados. El 10 de agosto se emboscó un convoy militar en Zumpango de Neri, falleciendo en esa ocasión, dos soldados.

Conforme a lo expuesto en el parte militar del Ejército Mexicano, se expresó que el 10 de agosto de 1996 un destacamento del EPR tomó alrededor al municipio de Tlaxiaco, Oaxaca. En la madrugada del siguiente día, dos destacamentos del EPR tomaron por 45 minutos el poblado de La Crucecita, en Santa María Huatulco, donde se enfrentaron con miembros de la Armada, de la Policía Judicial Federal y policías preventivos de Oaxaca, muriendo 11 marinos, además de un civil. Por su parte, el EPR reportó 11 muertos y dos heridos.

En el año de 1997, el Ejército Popular Revolucionario ya había logrado penetrar en seis estados, entre ellos Michoacán, donde habían realizado más de 200 acciones de propaganda y una decena de ataques que, según las estimaciones del propio grupo armado, dieron como resultado aproximado un centenar de muertos entre policías, soldados y marinos. 

En abril de 1997 murieron cinco policías motorizados en el paraje Ojo de Agua. La acción fue reivindicada por el EPR en una conferencia de prensa en Guerrero.

El 5 de mayo de 1997, la dirigencia del EPR aseguró en un comunicado dado a conocer en Tepozonalco, que se había realizado un combate entre miembros del EPR y soldados del Ejército Mexicano luego de que los primeros intentaran realizar acciones de propaganda armada consistentes en un retén en la carretera Chilapa-Tlapa, dejando un resultado de treinta muertos para el Gobierno Federal.

El 6 de noviembre de 2006, en la ciudad de México estallaron tres artefactos durante la madrugada. Las explosiones tuvieron lugar en las instalaciones CEN del PRI, frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al sur de la ciudad, donde también resultó dañada una sucursal bancaria; pos teriormente se desactivó otra bomba.

Sólo se produjeron daños materiales. La colocación de las cargas explosivas fue atribuida por el gobierno de Vicente Fox Quezada, al EPR.

El 10 de julio de 2007 se atribuyeron al EPR dos atentados contra líneas de gas de Petróleos Mexicanos en Salamanca, Celaya y Valle de Santiago, Guanajuato, y en Querétaro, ambos a la 01:00 horas, demandando la liberación de algunos miembros del EPR detenidos por terrorismo, entre los que se pedía su excarcelación se encontraban Edmundo Reyes Amaya, Raymundo Rivera Bravo y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

El 10 de septiembre del 2007 ocurrieron nuevas explosiones en ductos de Pemex en los estados de Veracruz y Tlaxcala, hechos que nuevamente fueron atribuidos al EPR por las autoridades. 

Los atentados, que fueron simultáneos, tuvieron lugar alrededor de las 02:00 horas. No fueron reivindicados hasta el día 11 de septiembre. La motivación atribuida a los atentados es la exigencia del EPR al gobierno mexicano del regreso con vida de dos de sus dirigentes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. 

El EPR es el grupo armado de mayor presencia en el país, y aunque su fuerza radica en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, no se descarta la posibilidad de una presencia permanente en la entidad de Michoacán, lo que vendría a descalificar la estrategia del Gobierno Federal en su lucha contra el crimen organizado.

Lo impugnan, se enferma y regresa entre bombazos 
Por Roberta Carrillo 

El gobierno de Michoacán ha vivido momentos difíciles desde la elección de Fausto Vallejo como candidato del PRI. El proceso electoral de noviembre 2011 fue impugnado por la oposición del PRD y el PAN, y Vallejo tomó posesión hasta febrero de 2012 por un periodo de tres años, siete meses y 15 días. Así siguieron los hechos.

El gobierno de Michoacán ha vivido momentos difíciles desde la elección de Fausto Vallejo como candidato del PRI. El proceso electoral de noviembre 2011 fue impugnado por la oposición del PRD y el PAN, y Vallejo tomó posesión hasta febrero de 2012 por un periodo de tres años, siete meses y 15 días. Así siguieron los hechos. 

15 de febrero de 2012
El priista Fausto Vallejo Figueroa toma protesta como gobernador del estado de Michoacán de Ocampo

18 de abril de 2013
Citando problemas de salud, pide licencia al Congreso michoacano para abandonar su cargo por hasta 90 días y someterse a un tratamiento médico

21 de abril
Aprueban su solicitud de licencia así como la propuesta del PRI para que Jesús Reyna García, secretario de Gobierno, sea nombrado gobernador interino

22 de abril
Reyna García toma protesta como gobernador interino del estado de Michoacán

23 de junio
Fausto Vallejo Mora, hijo del gobernador, anunció que fue exitosa la intervención quirúrgica a la que se sometió su padre

3 de Julio
Trascendió que la operación se trataba de un trasplante de hígado

18 de Julio
El Congreso de Michoacán recibe una solicitud de licencia para que Vallejo Figueroa pueda mantenerse retirado de su cargo por hasta 180 días más

21 de octubre
Después de seis meses ausente, Vallejo anuncia su retorno a la gubernatura

23 de octubre
El congreso oficializó el regreso del gobernador

27 de octubre
18 subestaciones de la CFE y cuatro gasolineras son atacadas con bombas molotov

Entre la CNTE y el día  de muertos: asueto 

Aun cuando la instrucción de la Secretaría de Educación en el estado fue en el sentido de que no habría suspensión de labores en las escuelas, tras los atentados del fin de semana, la mayoría de los padres de familia decidieron no mandar a clases a sus hijos, registrándose un elevado ausentismo, mismo que obligó a cerrar planteles en la mayoría de los municipios afectados por los apagones.

La psicosis entre los padres de familia fue bien aprovechada por algunos profesores de todo el estado, quienes este lunes iniciaron un mega puente, decretando suspensión laboral en la mayoría de las escuelas, argumentando “en parte, por la seguridad de los niños” y además  con miras a los preparativos por las festividades de la noche de muertos, que inician en el estado desde el 31 de octubre.

Se estima que más del 80 por ciento de los planteles de educación básica del estado de Michoacán se encuentran sin labores desde este lunes. Algunos directivos argumentan que es por seguridad de los niños, otros más dice que es parte del asueto por el día de muertos y los que menos señalan que es en protesta contra la reforma educativa, en respaldo a las movilizaciones de la CNTE. De cualquier forma, las escuelas suspendieron sus labores.

De acuerdo a las versiones de funcionarios de la secretaría de educación en el estado, entre ellos Mario Pérez Morales, subsecretario de Educación Básica en la entidad, no habrá sanciones para los maestros que han suspendido labores en la entidad, pues estos días que sin clases por las razones que ellos han considerado, podrán ser repuestos a lo largo del calendario lectivo.

En donde si se suspendieron clases de manera oficial fue en el Sistema de Telesecundarias, en los municipios afectados en el suministro de energía eléctrica; se calcula que al menos 22 telesecundarias dejan de trabajar este lunes y martes y podrían reanudar actividades el miércoles o jueves, una vez que el suministro de energía eléctrica se encuentre restablecido al 100 por ciento en todo el estado de Michoacán.

Mientras la mayoría de las escuelas permanecían cerradas, este día unos 300 maestros de la CNTE se manifestaron frente a la Casa de Gobierno del estado, a fin de protestar por la presencia de Claudio X. González, presidente de la fundación “Mexicanos Primero”, quien acudió a esta localidad a fin de dar a conocer al gobernador Fausto Vallejo un estudio sobre el gasto de la educación en Michoacán.

Descartan terrorismo

En tanto crece el debate sobre la capacidad del gobernador Fausto Vallejo para desempeñar su cargo, ya que aún se encuentra convaleciente del trasplante de hígado del que fue objeto  hace ya tres meses.

El gobierno estatal finca su postura, argumentando que los atentados del fin de semana no tienen nada que ver con el retorno del Gobernador Constitucional a sus funciones.

El secretario de Gobierno, Jaime Mares Camarena, hablando selectivamente para los medios, ha destacado en una entrevista radiofónica que no existe ninguna relación entre las acciones de los grupos de civiles armados el pasado fin de semana, con el regreso de Fausto Vallejo a la gubernatura. Descartó de facto que exista malestar social en Michoacán por el retorno del gobernador a sus funciones.

Y fue vago al hablar sobre los hechos pasados el fin de semana, explicando que “hay un número indeterminado de subestaciones (afectadas) y en el caso de las gasolineras la Procuraduría del estado nos da cuenta de seis; una en Apatzingán, cuatro en Morelia y una más en Pátzcuaro, donde la mayor parte de ellas sufrieron daños muy menores. Solamente dos de ellas (presentan) alguna pérdida de una o dos bombas”.

Dijo el funcionario estatal que este lunes Michoacán había amanecido en condiciones de normalidad, aunque no explicó la definición de lo que para él es “normalidad”, pues en el municipio de Apatzingán durante toda la noche del domingo aun ya entrada la mañana del lunes, se registraron enfrentamientos entre dos grupos de civiles armados, así como choques entre el ejército y grupos de personas armadas. Se habla de al menos cinco personas fallecidas y un militar herido.

Iglesia preocupada

En un hecho sin precedente, el arzobispado de Morelia ha enviado una carta al gobernador Fausto Vallejo, en donde le da la bienvenida en la reinstalación de su cargo, pero no deja de recordarle los compromisos que tiene que atender para el beneficio de los michoacanos. La misiva está firmada por el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda.

En el documento el arzobispo manifiesta su alegría por el retorno de Fausto Vallejo al cargo para el que fue electo y le recuerda que “… Su Gobierno deberá afrontar retos tan grandes como son la seguridad y la gobernabilidad, la cuestión compleja de la educación y el magisterio, las inversiones y oportunidades de empleo” por lo que lo invita a revisar la situación tan compleja que vive Michoacán, dándole un respaldo que no lo ofreció al gobernador interino Jesús Reyna.

El líder de la iglesia católica en Michoacán también hace alusión al problema social del miedo dice: “En las comunidades escuchamos a diario verdaderos dramas de personas y familias que viven el miedo y la desesperanza. Estoy convencido de que esta situación puede cambiar, que Michoacán tiene recursos y condiciones para ser un estado próspero, a condición de que se restablezca un orden de justicia, respeto y convivencia civilizada”.

Termina el pastor de la Iglesia Católica en el estado manifestando su confianza al gobernador para sacar a Michoacán de la crisis social en la que se encuentra argumentándole: “Confío en que este tiempo corto que resta a su administración, con el trabajo decidido y generoso de sus colaboradores, podremos vislumbrar tiempos mejores”. 

En la capital el subsecretario Eduardo Sánchez, de  normatividad de medios de Gobernación, condujo una rueda de prensa en la que aseguró que  Michoacán  está normal.