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La mafia de Gobernación protegía al Royale

Esposa de exfuncionario revela ante las cámaras de Reporte Indigo que desde el primer círculo del expresidente Calderón se operaron autorizaciones ilegales en Bucareli para legitimar el trágico casino donde murieron 52 personas

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El casino Royale operó gracias a una mafia de ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación en complicidad con panistas del primer círculo de Felipe Calderón.

Entre estos panistas cercanos al ex presidente están el actual senador panista Roberto Gil Zuarth y el abogado Julio Esponda.

Así lo revela ante las cámaras de Reporte Indigo Talía Vázquez Alatorre, ex esposa del ex coordinador de asesores de la Segob Juan Iván Peña Neder. 

De hecho el Royale no tenía por qué estar operando el día del atentado, cuando una célula criminal ligada a Los Zetas lo atacó y asesinó a 52 personas.

Y no debía funcionar por una sencilla razón: no contaba con permisos para su operación en la ciudad de Monterrey.

Sin embargo, pese a la falta de autorizaciones expedidas por la Secretaría de Gobernación, las puertas del casino Royale estaban abiertas la trágica tarde del 25 de agosto de 2011.

La historia es conocida: un grupo de sicarios irrumpió en el establecimiento para incendiarlo y perpetrar el mayor atentado del narcotráfico contra la población civil en México.

Hasta el momento la Procuraduría de Nuevo León ha detenido y consignado a 13 sicarios del grupo criminal de Los Zetas como responsables directos de esta masacre.

Pero Raúl Rocha Cantú, propietario del casino Royale, continúa prófugo de la justicia refugiado en su lujoso departamento en la ciudad de Miami.

Y tampoco hay ninguna persona ni ex funcionario público federal detenido, cuando el casino el Royale funcionaba sin las autorizaciones de la Secretaría de Gobernación.

Operaba al momento de la tragedia con permisos falsos que una mafia vinculaba a la misma Segob traficaba entre los casineros de México.

Esta red criminal era encabezada por Juan Iván Peña Neder, Guillermo Santillán Ortega y Roberto Correa Méndez, los tres ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón.

Éstos utilizaban sus altas influencias con panistas que integraban el círculo cercano al ex presidente Felipe Calderón como son el abogado Julio Esponda y el actual senador del PAN Roberto Gil Zuarth.

Santillán Ortega, quien se desempeñó como titular de la Unidad de Enlace Federal en la Subsecretaría de Gobernación, era el responsable de fabricar jurídicamente estas autorizaciones que eran firmadas por Roberto Correa Méndez, quien fuera titular de la Dirección de Juegos y Sorteos de la Segob.

Pero el líder de este grupo era Juan Iván Peña Neder, ex operador político de Manuel Camacho Solís, que se desempeñó por un tiempo como coordinador de asesores del ex subsecretario de Gobernación, Abraham González, en los tiempos de Francisco Ramírez Acuña.

Peña Neder era el responsable de vender y cobrar por los permisos ilegales, como con los que operó el casino Royale a partir del año 2008.

La asociación delictuosa de este grupo ha sido denunciada ante la misma Secretaría de Gobernación por Talía Vázquez Alatorre, ex esposa de Juan Iván Peña Neder.

Hoy Peña Neder está recluido en una prisión federal en Matamoros, Tamaulipas, acusado de violación contra su ex mujer, pero no por su responsabilidad en la tragedia del casino Royale.

Lo mismo ocurre con sus cómplices Guillermo Santillán Ortega y Roberto Correa Méndez.

El Royale inició operaciones en el 2007 con un permiso federal de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, cuyos socios principales son los hermanos José Francisco y Ramón Agustín Madero Dávila.

Pero en el 2008 la empresa Entretainment Enterprises of México, S.A. de C.V., de Rocha Cantú, terminó su asociación con la  empresa Atracciones y Emociones Vallarta por diferencias entre los socios.

Es entonces donde entra en operaciones esta red ilegal encabezada por Peña Neder, Santillán Ortega y Correa Méndez, para “regularizar” la operación del establecimiento con documentos falsos.

Los ex funcionarios federales promovieron la creación de la empresa Juegos de Entretenimiento y Videos de Cadereyta, S. de R.L. de C.V., una empresa que nació de la nada con los derechos de la llamada “Resolución Rojas”.

La Segob, a través de este procedimiento administrativo, acepta que las máquinas tragamonedas que operan en algunos casinos de México no son juegos de azar, sino “máquinas de habilidad y destreza”.

La resolución no es un permiso federal de Segob, pero es algo mucho mejor que una autorización para operar un casino en México. 

Es prácticamente una patente de corso para que el propietario de estos derechos instale un casino en cualquier lugar de México sin la regulación de la Segob.

Los derechos de esta resolución los tenía la empresa Juegos y Entretenimiento y Video de Monterrey, ligada a Juan José y Arturo Rojas Cardona, propietarios de los casinos Palmas en México.

Pero Peña Neder junto con Santillán Ortega fabricaron un convenio donde la empresa de Rojas cedía sus derechos a la naciente Juegos de Entretenimiento y Videos de Cadereyta, S. de R.L. de C.V.

“La empresa Juegos de Entretenimiento y Videos de Cadereyta es una empresa de papel, fraudulenta y que ha sido ya denunciada por la misma Segob”, denuncia Talía Vázquez Alatorre, ex esposa de Peña Neder. 

Esta mujer sostiene que su ex marido Peña Neder cobraba entre 300 y 500 mil pesos mensuales por la venta de estos permisos falsos, como los que utilizaba el casino Royale para su operación en Monterrey.

La Ley Federal de Juegos y Sorteos establece que estos derechos son intransferibles y que no pueden ser cedidos entre los particulares.

Pese a esto la empresa Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta celebró el 11 de abril del 2008 un contrato de asociación en participación con la empresa Entretainment Enterprises of México, S.A. de C.V., propiedad de Raúl Rocha Cantú para continuar operando el casino Royale en la avenida San Jerónimo.

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