La lucha por el agua

03 de Feb, 2016

En al menos tres juzgados federales se han interpuesto amparos para frenar los proyectos, pero los juzgadores estiman válida la intención de las empresas trasnacionales de privatizar el agua

Ante el problema de desabasto de agua que padece la Ciudad de México en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se han acelerado las gestiones para poner en marcha, a más tardar en dos años, el llamado Plan Tecolutla-Necaxa.

El proyecto consiste en rodar el agua de cinco presas del norte del estado de Puebla para suministrar los sistemas de agua potable de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Esto se hará mediante un ducto de más de 130 kilómetros de longitud, que se abastecerá de agua a razón de 12 metros cúbicos por segundo.

La propuesta de la Conagua, que beneficiará a más de 12 millones de personas del valle central, cuenta con la oposición de 13 pueblos del norte de Puebla, los que ya han pasado de la protesta social a las acciones judiciales para evitar lo que ellos llaman “el robo del agua”, que podría orillar a más de 250 mil poblanos al desabasto del vital líquido.

Pero los miembros de estas localidades no solo enfrentan a la Conagua para que no se lleve a cabo el proyecto; también luchan con un grupo de trasnacionales que pretenden instalar al menos ocho hidroeléctricas abastecer a las mineras que hay en la zona.

Por eso formaron el Frente Común por el Agua, para exponer ante el Poder Judicial su preocupación de que el plan Tecolutla-Necaxa, afectará a los pobladores de la sierra norte de Puebla, por dar sustentabilidad social a la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Salomón Romero, miembro del Frente Común por el Agua, aseguró que si se concreta el plan de llevarse el agua a la Ciudad de México, toda la zona agrícola del norte de Puebla colapsaría, habría escasez y algunos vasos de reserva se verían contaminados.

De acuerdo con la organización Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), el mayor riesgo de desabasto y afectación a la vida cotidiana de los pueblos de la sierra norte de Puebla, podría no fincarse tanto en el proyecto de suministro de agua hacia la zona de la capital del país y el área conurbada, sino a los proyectos hidroeléctricos que ya se han puesto en marcha, que pretenden generar electricidad para las minas que gestiona principalmente el Grupo México.

Sin intenciones de detenerse

La Conagua, no ha manifestado intención alguna de detener su proyecto que abastezca de agua a la zona conurbada de la ciudad de México. 

En esa instancia sigue en pie el plan Tecolutla-Necaxa, el que está programado con una inversión de más de 37 mil millones de pesos, que se comenzaran a aplicar a partir de este año, como parte del convenio del Gobierno federal con el de la Ciudad de México para atender la crisis de agua que se vive en la capital del país.

Agua, pero no para todos

Tanto el plan Tecolutla-Necaxa como los otros ocho proyectos para la instalación de hidroeléctricas en la zona norte de la sierra de Puebla están soportados en la nueva Ley de Aguas, la que dispone que el derecho de cada mexicano al vital líquido se satisface con 50 litros al día, y los sobrantes se puedan comercializar.

Con base a ese fundamento legal, las empresas particulares y el propio Gobierno federal ahora tienen la posibilidad de acceder al control de las aguas que no se usaron en cada comunidad. 

En la zona norte de Puebla, por ejemplo, con el suministro básico que establece la ley para los habitantes, queda más del 96 por ciento de las aguas embalsadas para su comercialización.

Lo anterior es visto por los vecinos afectados de Puebla como una violación de su derecho por el propio Gobierno Federal. 

Y es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como derecho humano de cada persona el acceso al agua por lo menos en una cantidad de 100 litro por día, aseguró Salomón Romero, del Frente Común por el Agua.

Pero no solo eso, explicó uno de los principales activistas que se oponen al saqueo del agua de Puebla, con la nueva legislación se otorga la posibilidad de la privatización del agua por parte de grandes consorcios internacionales.

Los permisos que ha comenzado a otorgar la Conagua para el uso de agua en la técnica del “Fracking” contemplan el uso desmedido del agua de los embalses por periodos que van desde los cinco hasta los 30 años, lo que deja sin posibilidad a los usuarios naturales de esos embalses para acceder al agua para sus actividades productivas.

La nueva legislación sobre el agua vigente en el país, insistió el activista, no contempla ninguna responsabilidad oficial en los casos de contaminación de los embalses de agua. 

Deja a discreción de las empresas que tengan las concesiones sobre el usufructo las labores para revertir las contaminaciones que genere sus actividad, lo que pegara de sobremanera entre los pobladores locales.

Proyectos polémicos

El grupo de activistas que se integran dentro del conglomerado Frente Común por el Agua, denunció que pese a los reclamos sociales no se han frenado las intenciones de las grandes empresas que pretende la instalación de estos polémicos proyectos.

> Ingdeshidro Eléctrica

Está trabajando ya en la construcción de la planta San Antonio, la que se alimentará de los ríos Zempoala y Ateno, afectando al suministro de los vecinos de los pueblos de Xochitlán, Zapotitlán, Atlequizayán, Zoquiapan y Nauzontla.

> Hidroeléctrica Puebla I

Se establecerá sobre el río Ajajalpan, en los municipios de San Mateo, Ahuacatlán y Tepatlán. Allí se pretende la generación de electricidad bajo el subsidio de las empresas Deselec S.A. de C.V. de R.L. y Comexhidro.