La crisis amarga del azúcar

La corrupción y la falta de apoyos al campo, sumado al abandono en el que se encuentran los trabajadores agrícolas, están empujando a la industria azucarera a encarar su peor crisis en su historia.

El ciclo pasado, con la operación dispuesta de los 58 ingenios que se extienden en 15 estados del país, la producción de azúcar alcanzó el nivel de los 6 millones 056 mil toneladas, cuando la cifra se había estimado en cerca de los 7 millones de toneladas de azúcar.

A unos días del cierre de ciclo, se espera que la producción de endulzante caiga en por lo menos un 10 por ciento.

Manuel Montes de Oca, líder de la Unión de Productores de Caña de Vara Dulce de Morelos, advierte que México podría perder el liderazgo mundial que mantiene en la producción de azúcar, si el Gobierno federal no interviene para poner orden en la producción, cosecha y molienda de caña.

La reducción de hasta un 12 por ciento en la superficie de terrenos con cultivos de caña, es el primer efecto como resultado de la corrupción que impera en la industria azucarera.

Esto, dice el productor, impactará en los volúmenes finales de azúcar que se contabilizarán a finales del este mes, cuando se dé por concluido el periodo de zafra.

La política oficial que se siente en el campo, asegura, es de abandono.

“El campo se ha dejado de ver como una empresa, y la politización del mismo es lo que ha llevado a la crisis que ya se comienza a asomar”, explica Abraham Jiménez Castro, asesor técnico de la Unión de Productores.

La única semilla que está germinando en el campo mexicano, es la de la corrupción, indica, que ha hecho que cada vez sea menos el número de productores que le apuesta a la siembra de caña.

Hasta el 2011, el número estimado de cañeros en el país era de 210 mil. A la fecha se calcula que son menos de 170 mil los productores de que intentan sobrevivir.

Otra cara del problema

Cada vez son menos los trabajadores que se involucran en el proceso de producción cañera. El número de cortadores de caña ha disminuido drásticamente en los últimos 4 años.

La causa principal son los bajos salarios a los que se empuja a los productores a desistir, ante lo sacrificado de las utilidades.

En todo el país se estima que son más de un millón 200 mil los trabajadores que se emplean en el corte de caña.

La mayoría son indígenas que son contratados por organizaciones y sindicatos agrícolas, a los que se les paga un salario de 35 pesos por cada tonelada de caña cortada a machete.

En el mejor de los casos un trabajador realiza en forma diaria, en una jornada de 12 horas, el corte de entre 4 y 5 toneladas, para lograr un sueldo diario de 175 pesos.

Aunque las organizaciones agrícolas que los contratan cobran por las cuotas de acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la mayoría de los cortadores de caña no cuentan con servicios médicos de esa institución.

La tecnificación del campo, impulsada por organizaciones agrícolas como la Confederación Nacional Campesina (CNC), ha comenzado a desplazar la escasa mano de obra que intenta sobrevivir del corte de caña, empujando a la baja los salarios de esos trabajadores.

La CNC es la principal promotora a nivel nacional para la puesta en operación de maquinaria de origen cubano que realiza el corte de caña, sin la necesidad de intervención de los cortadores. Una máquina de las llamadas “cubanas” corta en una hora la superficie de caña una hectárea que ocuparía a cinco hombres para realizar el trabajo en cinco horas.

La situación a la que se ha llevado a la industria de del azúcar no es fortuita, sino que es el resultado de un cacicazgo totalizador, asegura Manuel Montes de Oca.

“Hablamos de un modelo que beneficia solo a unos pocos y deja desamparados a la mayoría, pues son algunos líderes de organizaciones productoras y gerentes de las empresas privadas, que controlan los ingenios, quienes se están enriqueciendo con el trabajo de los productores de caña”, dice el líder azucarero.

Corrupción lacerante

Las “alianzas estratégicas” entre organizaciones agrícolas, como la CNC y la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), con las gerencias de los ingenios que operan en todo el país, ha hecho que prolifere la corrupción en el manejo de la zafra, asegura Manuel Montes de Oca.

El líder de la Unión de Productores de Caña de Vara Dulce de Morelos agrega que esa alianza es la que ha hecho posible que cientos de productores de caña desistan de su vocación.

La CNC y la CNPR están aplicando cobros a los productores de caña por renglones que se reclaman en favor de los cortados, pero que no se aplican en ningún momento, indicó.

“Se están llevando el dinero de los productores y de los cortadores de caña, para su bolsillos. Eso lo hacen con el apoyo de algunos gerentes de los ingenios”, dice.

El caso concreto, agrega, es el de Morelos en donde el líder de la CNC, Pedro Ocampo Álvarez, y el de la CNPR, Aristeo Rodríguez Barrera, están coludidos con el gerente del ingenio “Emiliano Zapata” de Zacatepec, del grupo Beta San Miguel, Ramiro Ochoa Zavala, para aplicar cobros a los productores que nunca se aplican en favor de los cortadores de caña.

Los renglones que se están cobrando y que no se reflejan en un bienestar social, son el de “Rehabilitación Caminos”, “Gastos Funerarios”, “Cuotas al IMSS” y “Apoyos a Comités Auxiliares”, insiste.

Por esos renglones, cada uno de los 4 mil 900 productores de caña tiene que pagar cantidades que van desde los 11 hasta los 27 pesos, por zafra, dice Montes de Oca.

El caso más escandaloso de corrupción es el detectado en el renglón de las “Cuotas al IMSS”, detalla.

La CNC, que tiene un registro de mil 400 productores en Morelos, cobró el 100 por ciento de las cuotas a los productores, pero solo registró ante el IMSS a menos de la mitad de los trabajadores de esos productores, explica.

Lo mismo sucede con la CNPR.

Ahí, recalca Montes de Oca, la dirigencia local de Morelos aplicó cobros por “Cuotas al IMSS” a un total de 3 mil 600 productores de caña, pero solo registró ante el IMSS a menos de la mitad de los trabajadores empleados por esos productores.

El fraude ya fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR), pero a la fecha no se ha actuado. En la dependencia federal se informó que el caso, que fue presentado como fraude, fue cuadrado a la posibilidad del delito de Defraudación Fiscal, por lo que ya se dio aviso a la Policía Fiscal dependiente del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para que se investigue.

La denuncia de la posibilidad del delito de Defraudación Fiscal ante la PGR fue hecha por la dirigencia de la Unión de Productores de Caña Dulce de Morelos, la con el respaldo de más de mil 200 productores de caña. Pero lo único que esa agrupación obtuvo, fue un veto por parte de la gerencia del ingenio “Emiliano Zapata”, para dejar de comprar la zafra de los productores denunciantes.

Después de eso, los productores que señalaron la corrupción de la gerencia del ingenio de Beta San Miguel en Zacatepec, han tenido que buscar colocar sus cosechas de caña en el ingenio más cercana, el de “Las Abejas Casasano”, en Cuautla, a una distancia de más de 70 kilómetros de la zona de cultivo de Zacatepec, con afectación directa a sus economías, por el costo que representa el arrastre de sus cosechas.

Producción a la baja

La crisis no reconocida en el sector azucarero del país, se refleja en los datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

En donde el último informe producción de caña y azúcar, emitido con corte al 7 de mayo del 2016, se reconoce que solo 50 ingenios del país, de 58 que ubica la Unión de Productores de Caña Dulce de Morelos, se encuentran en actividad de molienda.

Las cifras oficiales sobre la producción de Azúcar, con corte hasta el 19 de marzo pasado, apuntan que ya se tiene un acumulado del endulzante de más de 3 millones 745 mil 451 toneladas, lo que sería poco más de la mitad del estimado a los 7 millones de toneladas que se deberían producir.

La causa principal por la que se estima que la producción de azúcar ha ido a la baja, de acuerdo al especialista Abraham González Castro, es el olvido en el que el Gobierno federal mantiene al sector cañero.

“El problema principal se ubica en que los cañeros ya no tenemos el control de la producción. No sabemos en qué momento y porque razón, los ingenios que eran de los productores, pasaron a manos de particulares”, dice.

Malos negocios

El problema de la forma en que están negociando los dueños de los ingenios con algunas agrupaciones agrícolas, dice Manuel Montes de Oca, no es privativo de Morelos.

Eso está ocurriendo en los 15 estados que mantienen una producción cañera.

“No hay un estado, a la fecha, que registre cifras alentadoras en la producción de azúcar”, asegura.

Los datos de la Sagarpa revelan la realidad de la industria azucarera y de producción de caña.

Un estudio denominado “Estudio de Gran Visión para la Identificación de Necesidades de Riego y Drenaje en las Zonas de Abasto Cañeras”, reconoció que la superficie de 690 mil hectáreas de cultivos de caña que tiene el país, tiene un cálculo de producción de 45 millones de toneladas de azúcar. Pero las estadísticas reales apuntan a una producción estimada de apenas 7 millones de toneladas del endulzante.

Un drama humano

A menos de un punto de una crisis humana se encuentran los trabajadores agrícolas, empleados en el corte de caña. Son los más pobres, entre los pobres.

El sueldo promedio de 35 a 70 pesos por día, excepcionalmente 175 pesos por jornada, no les alcanza para sobrevivir.

No tienen ningún beneficio de ley. El servicio médico se les regatea por parte de sus empleadores, y viven en condiciones de esclavitud. La mayoría son indígenas, que son reclutados en las comunidades rurales de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán o Puebla. Se le lleva a los campos de cultivo con la promesa de un empleo “altamente remunerable”.

En las zonas cañeras, la realidad que afrontan es otra: todos los que son acarreados desde sus comunidades, son sometidos a las órdenes de los que los contratan; les obligan a trabajar jornadas de hasta 16 horas continuas.

Tienen “derecho” un descanso de media hora para comer, pero tienen que terminar –casi sin voltear a ningún lado- la tarea asignada de corte de caña a machete, que en promedio va de una a dos hectáreas por empleado.

A veces la mirada furiosa de los contratistas ni siquiera les permite tomar agua. Si tienen sed, la mitigan mordiendo a escondidas un pedazo de caña. Nadie debe dejar de machetear, sobre el negro campo de tizne. En medio de la jornada tienen que pedir permiso al capataz para sus hacer sus necesidades fisiológicas. De tomarse un descanso, ni pensarlo.

Viven esclavos. La jornada de trabajo comienza a las siete de la mañana y a veces concluye hasta que el machete, errático, trastoca la caña muy por arriba, en medio de la oscuridad. Por eso la deserción es cosa de todos los días. Tienen que huir hacia el momento en un descuido de sus empleadores. Corren, porque si los atrapan, los golpean.

Guetos azucareros

En aras de brindar condiciones humanas aceptables a todos los trabajadores del campo, entre ellos los cortadores de caña, el Gobierno Federal creó durante el periodo del presidente Vicente Fox, los “Albergues Temporales para Jornaleros Agrícolas”, para brindar servicios y asistencia social a las familias de los trabajadores.

A menos de 14 años de establecido, dicho programa se encuentra prácticamente en el abandono; son manejados por dependencias de los gobiernos estatales y a veces por organismos privados o gobierno municipales, en donde lo que impera es el regateo de la asistencia social: el servicio médico a las familias de los trabajadores es mínimo, el suministro de agua es cuentagotas.

No hay programas de ocupación para las mujeres, ni acciones ocupacionales para los menores. La seguridad en esos albergues, corre por cuenta de cada quien, por eso ya se ha infiltrado el crimen organizado en esos sitios.

En los albergues de Morelos es común la presencia de algunos miembros del crimen organizado; llegan cada semana para cobrar el derecho de piso. A cada una de las familias les cobran 10 pesos para respetarles las escasas pertenencias que tienen. Les “recomiendan” a no salir de noche y les obligan a hacer uso de las “maquinitas” que instalan en el sitio, al menos una vez a la semana.

Los raptos de menores son frecuentes. Las “sicarios” llegan en busca de muchachas. Les pagan 100 pesos para que los acompañen a tomar.

La escasa vigilancia de las autoridades ha empujado a otro fenómeno: el tráfico de menores. En los últimos dos años, al menos siete familias han salido del albergue, luego que uno de sus hijos se “extravió”