“Enrique Peña Nieto mandó espiar a varios personajes políticos”, afirmó Josefina Vázquez Mota durante el segundo debate presidencial del domingo 10 de junio.
De acuerdo con la candidata del PAN, el ex gobernador del Estado de México hizo labores de espionaje a través de una empresa privada denominada Seguridad Privada Inteligente, Proveedora de Soluciones.
Sus servicios fueron pagados por una dependencia policial mexiquense conocida como Cusaem (Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México), según el testimonio del presidente del Comité de Vigilancia del Estado de México, el panista Carlos Madrazo.
“Con dinero público, (Enrique Peña) financió un centro de espionaje, y aquí está la comprobación –la voy a dejar– de un estado de cuenta donde su gobierno, cuando fue gobernador, pagaba este centro de espionaje”, remató Vázquez Mota durante el debate del pasado domingo.
Probablemente muchos televidentes se quedaron pasmados porque mientras la candidata panista hablaba, apareció en pantalla el estado de cuenta bancario al que se refería.
Después de concluir su intervención, habló Enrique Peña Nieto.
Cualquiera hubiera esperado que el priista refutara las graves acusaciones que le acababa de hacer su contrincante albiazul.
Pero no. Peña Nieto no se dio por aludido. En su intervención, nunca se refirió al asunto. Prefirió hablar de la mala experiencia que vivió en la Universidad Iberoamericana.
No solo lo acababan de señalar públicamente como un hombre que acostumbraba espiar a sus adversarios políticos, sino también a la mujer con quien finalmente se casó: Angélica Rivera.
¿Qué tanta veracidad tiene la acusación que hizo Josefina Vázquez Mota? ¿Por qué parece estar bien sustentada?
Ésta es la historia.
Las víctimas
El presunto espionaje salió a la luz pública el 13 de junio de 2008, cuando el senador Manlio Fabio Beltrones interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).
El sonorense se sabía espiado. Y no solo él, sino también sus familiares y colaboradores cercanos.
La PGR empezó a investigar. Y sus pesquisas le llevaron a encontrar miles de horas de grabaciones ilegales en una casa de Naucalpan, Estado de México, donde se suponía que operaban los espías.
Asimismo, los investigadores hallaron versiones estenográficas de los audios y una perfecta sistematización de la información, con síntesis ejecutivas entregadas de manera cotidiana, además de análisis prospectivos.
El 6 de noviembre de 2008, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra Administración de Justicia, que es parte de la PGR, encontró nuevas evidencias de espionaje.
En dos casas de seguridad ubicadas en el municipio mexiquense de Naucalpan había más información obtenida de manera ilegal.
Los investigadores descubrieron listas de llamadas telefónicas, correos electrónicos, documentos electrónicos y archivos diversos.
Los espías tenían información sobre Manlio Fabio Beltrones, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Santiago Creel, Juan Camilo Mouriño, Beatriz Paredes, Ricardo Monreal y Jesús Murillo Karam, entre muchos otros políticos.
También habían sido investigadas Angélica Rivera, entonces novia de Peña Nieto, y Mariagna Pratts, entonces esposa de Marcelo Ebrard.
El modus operandi
¿Cómo podría organizar el gobierno del Estado de México un cuerpo de espionaje y ocultar su financiamiento?
Al parecer, no fue tan difícil.
En el Estado de México había una fachada perfecta para ocultar el financiamiento de actividades ilegales, entre ellas el espionaje. El mecanismo habría sido el siguiente.
Una dependencia del Gobierno del Estado, llamada Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem), era la encargada de pagar los servicios de espionaje que ofrecía la empresa Seguridad Privada Inteligente, Proveedora de Soluciones.
Teóricamente, nadie podría demostrar que los recursos eran públicos porque, en sentido estricto, los expertos jurídicos del gobierno de Peña Nieto no los consideraban así.
Y es que a pesar de que los Cusaem son una dependencia policial del Gobierno del Estado, nunca tuvieron una asignación presupuestal por parte del gobierno. Y este organismo vive de vender servicios públicos de seguridad, o protección policiaca, si se le quiere ver así, a quien pueda pagar.
De esta manera, cuando conviene, los Cusaem son una compañía privada. Si no, son una entidad pública.
Nadie –solo los directivos de los Cusaem y los altos funcionarios del gobierno del Estado de México– sabe qué se hace con el dinero que los Cusaem cobran a las empresas y los clientes particulares por la protección que les venden.
Y es que los Cusaem no le rinden cuentas al Congreso mexiquense, de acuerdo al testimonio de Carlos Madrazo, diputado del Estado de México. Esto en sí resulta extraño porque los Cusaem son una de las dependencias estatales con más empleados.
Cuentan con 23 mil elementos. Todo un ejército dirigido por cerca de 108 comandantes que están al servicio de quien pueda pagar, pero que, en principio, obedecen al gobernador del Estado de México y al director de la Agencia de Seguridad del Estado.
Sus ingresos son multimillonarios, aunque nadie –que no sea el gobierno mexiquense– sabe lo que hace esta dependencia con el dinero que recibe por sus servicios.
Los Cusaem venden y rentan protección armada, guardias de seguridad armadas, custodia, resguardo de mercancías en tránsito, vigilancia intramuros, tecnologías de localización satelital, atención en situaciones críticas, escoltas, seguridad ejecutiva.
La inteligencia policial es parte fundamental de su larga lista de servicios, como consta en la información de sus páginas web.
