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La agenda ciudadana

Como nunca antes los temas impulsados por organizaciones de la sociedad civil han acaparado el debate en el Congreso de la Unión como son la Ley3de3 y la legalización de la mariguana desplazando la tradicional agenda legislativa
 

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“Hay que reglamentar la participación de la sociedad, obligar a que el parlamento sea abierto y a que los ciudadanos puedan trabajar junto a los legisladores en los temas que le interesan a la sociedad”  
Khemvirg Puente
Especialista en temas parlamentarios
El siguiente paso debe ser que la participación activa de los ciudadanos en el Congreso quede asentada en el reglamento de ambas Cámaras
“Ellos decían qué discutir, cómo discutir y cuándo discutir (...) Y creo que una de las cosas más importantes es que les echamos a perder ese monopolio de decisión”
Max Kaiser
Director de Anticorrupción del IMCO
“En el caso de nuestra familia, nos sentimos comprometidos con quienes necesitan estos medicamentos. Y quedarnos callados sería egoísta de nuestra parte”
Raúl Elizalde
Abogado y padre de Grace

El Congreso de la Unión vive una etapa inédita en la historia del país: los principales temas que se discuten hoy día provienen de la sociedad civil.

Aunque solo uno de ellos -la Ley 3de3- llegó al Congreso en la forma de iniciativa ciudadana, lo cierto es que la agenda de organizaciones civiles ha marcado las decisiones y los debates en el Legislativo.

La lucha de un padre por proveer un medicamento a base de cannabidol para su hija, hará posible que en los próximos días se regule el uso medicinal de la mariguana.

Aunque es poco probable que se apruebe, el consumo recreativo del cannabis entró al debate público gracias a la acción de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART).

La consolidación de un gran sistema de combate a la corrupción podrá lograrse gracias a la presión que un grupo de intelectuales ha ejercido sobre los legisladores.

Lograron ingresar una iniciativa ciudadana con el respaldo de más de 630 mil firmas, para que se trabajara en una plataforma verdadera de combate a la corrupción.

La discusión por la Ley contra la Desaparición Forzada llegó al Senado también como parte de la agenda ciudadana de los familiares de personas desaparecidas.

Antes de ellos, otros héroes ciudadanos han presionado al Poder Legislativo. Su esfuerzo ha resultado en leyes que hoy día han ayudado en el combate a los delitos, la atención a víctimas, el mejoramiento de las guarderías o el cambio en el modelo político del país.

Sin embargo, diputados y senadores pocas veces se portan a la altura de las circunstancias históricas. Muchos se niegan a perder su poder y todo lo que eso implica.

Poco a poco, los ciudadanos han conseguido que sus temas y sus tiempos se impongan ante una parte del Congreso que lucha por mantener las viejas formas de hacer política.

Avances paulatinos

Historias de dolor han traído cambios importantes en varias piezas de legislación del país.

El plagio y mutilación de su marido, impulsaron a María Elena Morera a presionar al Congreso para legislar contra el secuestro y los crímenes de alto impacto.

Lo mismo ocurrió con Isabel Miranda de Wallace, quien tras años de buscar justicia por el secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto, ha trabajado cerca del Congreso en leyes contra el plagio y a favor de la atención a víctimas.

La misma lucha llevó a Alejandro Martí a apoyar legislación para castigar con más eficacia los delitos de alto impacto.

A ellos siguieron los padres de la Guardería ABC, quienes perdieron a sus hijos en el incendio de la estancia.

Gracias a la presión social por la muerte de 49 niños y a la insistencia de varios de esos padres por mejorar la regulación de las guarderías, se logró concretar la llamada “Ley 5 de junio”.

Vinieron después las víctimas de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Organizaciones civiles de familiares de asesinados o desaparecidos comenzaron con movilizaciones y después, cobijados por académicos y asociaciones internacionales, pugnaron por una legislación que respete los derechos humanos.

Llegó entonces al Congreso el poeta Javier Sicilia, quien luego del asesinato de su hijo fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y pugnó por el reconocimiento a las víctimas.

Uno de los cambios legislativos más importantes que impulsó Sicilia fue la reforma política, que permitiría las candidaturas independientes y las iniciativas ciudadanas.

Así, la irrupción de los ciudadanos en el Congreso ha ocurrido de manera gradual, obedeciendo al cambio en la democracia del país.

Reglamentar participación

Para Khemvirg Puente, catedrático de la UNAM y especialista en temas parlamentarios, la participación de los ciudadanos en el Congreso comenzó a verse de forma sostenida a partir de 1997, una vez que el Poder Legislativo del país cambió de rostro.

Sin embargo, aunque la entrada decidida de los ciudadanos al Congreso de la Unión es loable, Puente advirtió sobre la presencia de otros intereses en la tarea legislativa que no siempre van en beneficio de la gente.

“La pluralidad que se ve en el Congreso es la misma pluralidad que se ve en el país; pero hay que reconocer que son muchos los que pueden incidir en la tarea legislativa.

“Así, encontramos que grupos de poder, de grandes capitales o con intereses empresariales también tienen la posibilidad de influir en lo que ocurre en el Poder Legislativo, a través de cabilderos, pero con otro tipo de intereses”, sostuvo el académico.

La reacción de diputados y senadores ante la presión social no siempre ha sido la mejor.

Uno de los ejemplos más fehacientes ocurrió con la reciente discusión de las leyes anticorrupción, donde los senadores, sentados a la misma mesa que los ciudadanos que impulsan la legislación, se notaban incómodos, vigilados, lo que no les permitió trabajar a sus anchas.

“Los políticos en México no están acostumbrados a que su labor sea visible para todos. Pero ya se tienen que ir acostumbrando, porque tienen que reconocer que la sociedad está más dispuesta a seguir su actividad”, expuso.

Puente señala que el siguiente paso debe ser que la participación activa de los ciudadanos en el Congreso quede asentada en el reglamento de ambas Cámaras.

“Los ciudadanos no pueden participar ahorita de las tareas legislativas a menos que sea por invitación. ¿Y si nadie los invita? Es decir, queda totalmente a su juicio quién asiste y para qué.

 
 

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