Impunidad bajo tierra
Las cifras no mienten: poco más del 50 por ciento de las fosas clandestinas que se han encontrado en todo el país en los últimos cinco años se ubican en el estado de Michoacán.
De acuerdo a datos oficiales de la Comisión Nacional de Seguridad, del 2006 al 2014, en el país se han detectado 145 entierros clandestinos de personas, casi el 90 por ciento de esas fosas fueron ubicadas en los estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa.
J. Jesús Lemus196
Otros entierros fueron ubicados por investigaciones de elementos del Ejército
Las cifras no mienten: poco más del 50 por ciento de las fosas clandestinas que se han encontrado en todo el país en los últimos cinco años se ubican en el estado de Michoacán.
De acuerdo a datos oficiales de la Comisión Nacional de Seguridad, del 2006 al 2014, en el país se han detectado 145 entierros clandestinos de personas, casi el 90 por ciento de esas fosas fueron ubicadas en los estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa.
De las fosas registradas oficialmente, 73 fueron encontradas en suelo michoacano, atribuidas mayormente al cártel de Los Caballeros Templarios.
La mayor parte de esos cementerios ilegales fueron sacados a la luz pública por las pesquisas que los propios grupos de autodefensa realizaron desde su aparición formal a partir del 24 de febrero del 2013.
Además, también están las investigaciones que sobre fosas realizan funcionarios de la agencia antidrogas (DEA) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, quienes buscan entre las fosas a sus propios muertos.
Desde que comenzó la guerra contra el narco del expresidente Felipe Calderón, Estados Unidos ha perdido a al menos 11 agentes encubiertos en suelo michoacano.
Los elementos norteamericanos podrían estar entre las víctimas inhumadas en fosas clandestinas.
Las fosas incontables
Los datos oficiales de la Comisión Nacional de Seguridad apuntan que la cifra de cadáveres encontrados en todas las fosas de las que esa dependencia tiene conocimiento, llega a 487 personas, de las que al menos el 80 por ciento de los restos áridos no han sido identificados y permanece en las morgues de la Federación. Esas son las cifras consultables, al lado de huesos envueltos en roídos trapos.
Dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México llevan su propio conteo de las fosas, las que elementos de esas corporaciones detectan e investigan.
Esas cifras no están concentradas en los informes de la Comisión Nacional de Seguridad, dijo una fuente de la dependencia Federal.
Los Marinos y los Soldados tienen su propia estadística, lo que apunta hacia la posibilidad de que las cifras de fosas clandestinas pudieran ser más altas.
Desde el año pasado, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional que informara a un particular sobre sus estadísticas referentes a fosas clandestinas detectadas en cualquier punto del territorio nacional.
Se pidió un listado de fosas y de “cocinas” (áreas utilizadas para disolución de cadáveres).
La dependencia no ha emitido aún ninguna resolución a la fecha.
Sumado a las fosas clandestinas que se han detectado en Michoacán, fuentes de la Procuraduría de Justicia en la entidad revelan que en los últimos cinco años se han podido ubicar –principalmente en la zona de Tierra Caliente- al menos 11 sitios en donde criminales desaparecieron los cuerpos de sus víctimas mediante diversos procedimientos, que incluyen incineración y disolución en acido.
Este último conocido en el argot criminal como “pozole”.
Los ‘pozoleros’
De los 7 mil 895 detenidos por delitos contra la salud y delincuencia organizado que la Federación ha mantenido en proceso penal en los últimos cinco años, se sabe que solamente cinco personas están siendo sometidas a juicio por el delito de disolución de cadáveres por incineración o disolución en acido.
En la lista de los llamados “pozoleros” no se encuentra ninguna persona que haya sido detenida en Michoacán.
Geografía del terror
De las 73 fosas clandestinas que se han ubicado en suelo michoacano, al menos 54 de ellas fueron ubicadas por los grupos de autodefensa que se formaron oficialmente el 24 de febrero del 2013.
El grupo que se alzó contra el cártel de Los Caballeros Templarios en la zona de Apatzingán, como primer gesto de colaboración con la autoridad Federal, denunció la existencia de al menos 11 fosas clandestinas en las inmediaciones de Apatzingán.
La Comisión Nacional de Seguridad solo registra tres narco fosas encontradas en las inmediaciones del municipio de Apatzingán, en donde no ha sido cuantificado el número de cuerpos encontrados, debido a que fueron diversas las partes encontradas.
La ubicación de las fosas fue señalada por exintegrantes del cártel de las drogas que de esa forma lograron el perdón de los civiles alzados y de la autoridad Federal, a fin de incorporarse a la policía estatal acreditable.
Otros entierros fueron ubicados por investigaciones de elementos del Ejército en la parte agreste de los municipios de Aquila y Tumbiscatío, en donde algunos reporteros locales señalan la ubicación de al menos 7 fosas. De esos sitios clandestinos la Comisión Nacional de Seguridad solo tiene conocimiento oficial de dos fosas, en donde se encontraron cuatro y diez cuerpos que no han podido ser identificados por falta de ADN para comparar.
Los grupos de autodefensa también denunciaron ante las Fuerzas Federales la existencia de al menos 14 fosas clandestinas en la zona oriente de Michoacán.
Solo se hizo la investigación sobre una fosa en la que se encontraban los cuerpos de 11 personas. Los otros entierros menores en donde solo había restos óseos diversos (manos, fémures, costillas y restos de cabello) fueron dejados de lado en la investigación.
Como responsables de la muerte de cinco personas –las que pudieron ser identificadas- de las 11 encontradas en la fosa de la comunidad de la Venta del municipio de Ciudad Hidalgo, 29 policías municipales y otros cuatro civiles fueron sometidos a proceso.
En un sitio cercano a la narco fosa fue ubicada una “cocina” pero no se siguió investigación alguna por la posibilidad de la disolución de cuerpos. Ninguno de los procesados fue investigado bajo esa presunción.
En la mayoría de los sitios en donde fueron descubiertas o denunciada la existencia de fosas clandestinas, fueron también detenidos elementos de las Policías locales así como algunos funcionarios administrativos de los municipios aledaños.
A la fecha existen dos síndicos, 11 directores municipales de seguridad pública, tres subdirectores de seguridad pública municipal, ocho policías ministeriales, 29 policías estatales y 150 policías municipales, todos sometidos a proceso en cárceles federales, a quienes en sendas acusaciones se les responsabiliza de tener relación con narco fosas.
Los desaparecidos
Los datos que en forma mesurada han sido expuestos por la Comisión Nacional de Seguridad sobre la existencia de fosas clandestinas en Michoacán se podría disparar exponencialmente, estiman fuentes de la Procuraduría de Justicia del Estado, si se lleva a cabo una investigación exhaustiva, que dé seguimiento a todas las presunciones y denuncias sobre la existencia de fosas en cualquier parte del estado.
A la fecha, la Procuraduría de Justicia del Estado, mantiene en reserva de investigación cerca de 65 denuncias, indicios o señalamientos sobre la existencia de entierros clandestinos en diversos puntos de la entidad.
Las pistas siguen siendo aportadas por los grupos de autodefensa -que siguen vigentes en al menos 34 municipios- y a veces por los familiares de las víctimas de desaparición.
Las investigaciones no han tomado su cauce por disposición oficial.
A la Policía michoacana se le ha instruido como prioridad la disminución de delitos como robo, asalto y secuestro, dejando de lado cualquier otro delito, si no es infraganti.
Las cifras contrastantes
En Michoacán, de acuerdo a datos aportados por sacerdotes de la Iglesia Católica -principalmente de los municipios en donde ha arreciado la guerra entre autodefensas y células del crimen organizado-, el número de desaparecidos oscila cerca de los mil 130.
El dato de los sacerdotes michoacanos choca contra la cifra oficial del Gobierno Federal: 319 personas.
Pero si se quiere minimizar mayormente el problema, solo basta conocer el dato que maneja el gobierno estatal a través de la Procuraduría de Justicia local, en donde el número oficial de desaparecidos en la entidad no rebasa los 196 individuos.
La presunción de las familias de los desaparecidos, integrados al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), estiman que sus familiares están en algunas de las fosas clandestinas ya ubicadas por el gobierno local, a las que –señalan- no se les quiere dar seguimiento, “a fin de mantener en los límites mediáticos aceptables el nivel de violencia que se vive en Michoacán”.
EU reclama a sus muertos
Los hallazgos de las fosas clandestinas que se reconocen oficialmente en Michoacán por parte de la Comisión Nacional de Seguridad no han sido fortuitos.
Más allá de que algunos han sido señalados por civiles armados, destaca la intervención del gobierno norteamericano que ha reclamado investigaciones en narco fosas precisas.
El gobierno de Estados Unidos también reclama a sus muertos. Desde el 2006 al 2014, se sabe extraoficialmente, al menos 11 agentes federales de la agencia antidrogas (DEA) y de Aduanas (ICE) de Estados Unidos que dejaron de hacer contacto con su oficina mientras trabajaban en suelo michoacano.
Sus desapariciones no han sido reconocidas oficialmente debido a que su intervención en el combate a los carteles de las drogas no es tampoco de manera oficial.
La presunción del gobierno de Estados Unidos apunta a que sus agentes desaparecidos pudieran estar en alguna narco fosa, por ello la embajada de Estados Unidos ha desplegado a su propio equipo de investigación en Michoacán para ubicar las fosas probables con los restos humanos de los policías norteamericanos.
Las investigaciones de Estados Unidos en suelo michoacano han dado con fosas notables –por el número de personas allí inhumadas- como la de La Barca, en la zona limítrofe de Michoacán y Jalisco, en donde se encontraron los cuerpos de 76 personas, y se presumía la presencia de al menos dos agentes de la DEA que trabajaban conjuntamente con dos elementos de la Policía Ministerial Federal, que también desaparecieron en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán.
En la investigación de la fosa clandestina de La Barca los trabajos fueron apoyados por agentes de campo de la DEA y otros adscritos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a cuyo cargo estuvieron los trabajos periciales y de reconocimiento genético. Oficialmente, los resultados no arrojaron el reconocimiento de ninguno de los buscados.
También la narco fosa de Tinguindín, en donde se encontraron los cuerpos de 22 personas, se sabe, fue señalada por los trabajos de investigación de la embajada de Estados Unidos en México.
Allí se pretendía encontrar los restos áridos de un agente antidrogas que desapareció el año pasado en la zona de la Meseta Purépecha.
Tras la exhumación, tres cuerpos fueron requeridos por personal de la DEA.
Las desapariciones de los agentes antidrogas de Estados Unidos que trabajaban en Michoacán comenzaron a finales del 2006, cuando el Gobierno Federal de Felipe Calderón acordó el ingreso de al menos 50 agentes de la DEA para apoyar el trabajo de la PGR en el combate a lo que entonces era el cártel de La Familia Michoacana.
En Uruapan
El hallazgo de los cuerpos de los agentes de la DEA desaparecidos en Uruapan fue de tal magnitud que contribuyó para que el tema fuera tocado binacionalmente en el 2007. Desde entonces una representación policial de Estados Unidos trabaja en la ubicación de algunas fosas clandestinas, las que son investigadas a fondo, con todos los recursos tecnológicos, cuando se presume la ubicación de algún agente norteamericano de campo.
La narco fosa en donde la investigación apunta a la existencia de cuerpos de desaparecidos michoacanos corre por cuenta de la Policía local.
