“Hasta las últimas consecuencias”

Es normal que en México se hable demasiado de perseguidos políticos y no es muy común que se informe de políticos perseguidos o empresarios buscados por la justicia.

Es bastante raro encontrarse con los dos últimos casos mencionados y cuando aparece este tipo de asuntos, es como si se encontrara un dinosaurio en pleno zócalo de la ciudad de México.

Pese a que en algún escondrijo de nuestra subcultura, los conceptos impunidad y corrupción se han convertido en parte del lenguaje común e integran la estructura de la praxis política y empresarial, durante décadas se han registrado muy pocos casos en los que algún gobernador, secretario de Estado, expresidente de la República, empresarios o banqueros, hayan sido encarcelados por corruptos.

Las denuncias y en no pocas ocasiones las confirmaciones de desvíos de millonarias cantidades del presupuesto público, así como el tráfico de influencias en contra de políticos y de banqueros o empresarios, no han sido suficientes para aplicar la justicia y hacer que México se convierta en un país donde el imperio de la ley sustituya la cantaleta de “el que no tranza no avanza”.

Una y otra vez hemos escuchado la frase de “se investigará hasta las últimas consecuencias” y “caiga quien caiga”, pero nos preguntamos ¿esas últimas consecuencias significa simplemente no aplicar la justicia o tener una justicia a medias?

¿Estamos en un país imaginario de las últimas consecuencias o del caiga quien caiga?

Por ello, cuando nos enteramos de que Gastón Azcárraga Andrade, expropietario de la Compañía Mexicana de Aviación, se ha convertido en un prófugo de la justicia por usar recursos entregados por bancos, vía préstamos, a la aerolínea, recordamos nombres de otros famosos empresarios que fueron buscados por la justicia para ser castigados  severamente.

No se debe pasar por alto que Azcárraga Andrade fue uno de los empresarios consentidos del entonces Presidente Vicente Fox, hasta llegar al punto de oficializar el Grupo Posadas-Mexicana durante el foxiato.

A la sombra del poder, se han dado muchos asuntos de esta naturaleza.

Uno de ellos es Gerardo De Prevoisin Legorreta, expresidente del Consejo de Administración de Aeroméxico, quien el 25 de agosto del 2001 salió libre luego de pagar una fianza por más de 271 millones de pesos.

Fue encarcelado durante tres años (dos en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México y uno en Suiza), donde fue capturado en 1998. 

Estuvo acusado como presunto responsable del delito de administración fraudulenta por 72 millones de dólares, en agravio la empresa Aeroméxico.

Otro caso, Eduardo Legorreta Chauvet, a la postre director de Operadora de Bolsa, fue detenido en febrero de 1989 acusado de realizar préstamos a corto plazo respaldados por CETES que habían madurado y justo antes de pagar los impuestos correspondientes.

Los que saben afirman que Legorreta Chauvet fue amigo del entonces Primer Mandatario Miguel de la Madrid Hurtado.

Sigue Carlos Cabal Peniche, reconocido como “banquero modelo” en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y, años después, tuvo que huir de México por acusaciones del desvío de más de 700 millones de dólares, evasión fiscal y fraude. 

Catorce cargos en contra, es inocente

Todas estas maniobras fueron realizadas durante su administración como presidente de Cremi-Unión, grupo financiero al que pertenecía el desaparecido Banco Unión.

Después de huir durante varios años, Carlos Cabal Peniche, fue ubicado en Australia y en el 2001 es extraditado a México. Pese a tener catorce cargos en su contra, hoy está libre.

En el entramado de Cabal Peniche también aparece el nombre del exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, quien participó en una rara operación de compra-venta de Del Monte Foods Co.

Los procesos que enfrentó fueron: defraudación fiscal por 171 millones de pesos; fraude a la empresa Operadora Enlace, por 176 millones de pesos; quebranto a Banca Unión por 242 millones de dólares; fraude a la empresa Comercializadora Fare, por más de 169 millones de pesos; fraude a Comercializadora Cerfa, por 163 millones 350 mil de pesos; y defraudación fiscal de 13 millones de pesos.

Uno más, Ángel Isidoro Rodríguez Sáez (a) “El Divino”, exbanquero acusado en México de fraude, capturado y extraditado de España, en el año de 1998.

Después de un proceso judicial, fue exonerado de todos los cargos en su contra.

Según las crónicas de la época, José Luis Villa Jiménez, magistrado del Cuarto Tribunal Unitario Penal, archivó la última acusación en contra de “El Divino”, por presunto fraude de 440 millones de pesos (38.93 millones de dólares), en perjuicio de Banpaís.

Ángel Isidoro Rodríguez, presidió el grupo financiero Asemex-Banpaís, que fue intervenido por el Estado Mexicano durante la crisis financiera de 1995.

El regiomontano, Jorge Lankenau fue detenido en agosto de 1997, acusado de estafar a 250 personas por un total de 170 millones de dólares. 

Lankenau fue propietario de la compañía Aba Seguros. También fue jefe de Abaco Grupo Financiero y su unidad bancaria, Banca Confía. 

Fue dueño de un banco de inversión “Rodman y Renshaw”, cuya sede se encuentra en Chicago, Illinois.

Lankenau inicialmente estuvo bajo arresto domiciliario la capital de Nuevo León. Posteriormente, pasó al penal de Topo Chico y se mantuvo así durante ocho años, por cargos de fraude, evasión fiscal y otros delitos previstos en la Ley de Instituciones de Crédito. 

El 25 de diciembre de 2005 fue puesto en libertad después de pagar 53 millones de pesos. En diciembre de 2003 se le concedió un perdón judicial por 113 de los 250 demandantes. Tuvo más procesos judiciales por 48 cargos diferentes, pero fue declarado inocente de todos.

¿Hasta las últimas consecuencias?

Según varias publicaciones, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, Jorge y Manuel Bribiesca, hijos de Marta Sahagún,  estuvieron involucrados en el tráfico de influencias y peculado.

Que en la Cámara de Diputados, hay o hubo una Comisión Especial para realizar investigaciones de una empresa llamada “Construcciones Prácticas”. 

Que Jorge y Manuel Bribiesca, son responsables de haber quebrantado el erario por más de 5 mil millones de pesos.

Que esos casi 6 mil millones de pesos fueron parte de los fraudes que se cometieron en los contratos signados entre la empresa “Oceanografía” y Petróleos Mexicanos.

Que Manuel Bribiesca, reconoció que junto con sus familiares promovieron contratos para beneficiar a “Oceanografía”.

Que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, investigan o investigaron “hasta sus últimas consecuencias” estos hechos.

Han transcurrido ocho años de haber terminado el foxiato y la sociedad mexicana sigue a la espera que de los tiempos de “hasta los últimas consecuencias” en el caso de los hijos de Marta Sahagún, se haga justicia.

¿Políticos perseguidos? o ¿Perseguidos políticos?

La cereza del pastelazo

El pasado jueves 20 de febrero, el responsable de la Auditoría Superior de l Federación, Juan Manuel Portal, entregó a la Cámara de Diputados la Cuenta Pública del año 2012, documento que contiene, entre otras cosas, algunos conceptos que no encajan bien a bien durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

La obra carretera de ese sexenio, la autopista Durango-Mazatlán, le costó a la hacienda pública el triple del presupuesto originalmente.

Cuando se inició la autopista de marras, se calculó en 8 mil 889 millones de pesos. Sin embargo, al iniciar el 2012, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes calderonista, le hizo una pequeña modificación, pues la aumentó a 22 mil 10 millones de pesos.

De esta carretera Durango-Mazatlán hay otro poquito, pues hasta el 31 de diciembre del 2012, la SCT había ejercido 23 mil 385 millones de pesos.

De esta cereza del pastel, en cuanto a la corrupción, impunidad y persecución “hasta las últimas consecuencias” de los culpables, la Auditoría Superior de la Federación, ASF, llegó a la conclusión que 2 mil 66 millones de pesos fueron observados. En otros términos, se desconoce en qué lugar o lugares se encuentran estos miles de millones de pesos.

La buena noticia de lo anterior, es que ya se recuperaron 83 millones de pesos, pero no dicen cómo y quién los tenía.

Sería interesante una revisadita

Los que saben, los especialistas, exponen que resultaría bastante interesante una revisadita a dirigentes sindicales y políticos, como: Carlos Romero Deschamps, Humberto Moreira, Mario Marín Torres, Luis Armando Reynoso Femat, Alejandra Sota y Ulises Ruiz Ortiz.

Eso sí, como dicen los clásicos: “hasta las últimas consecuencias” y “caiga quien caiga”.