En defensa de la tierra

La entrega de comunidades enteras para proyectos de inversión, mineros, turísticos y energéticos – todo mediante la concesión federal a la iniciativa privada– ha despertado la ira de las comunidades naturales.  Cada vez son más los pueblos indígenas que se levantan contra las empresas que han comenzado a desplazarlos de sus lugares de origen.

Los grupos sociales que se han alzado a la defensa de la tierra se extienden desde las costas de Baja California Sur – en donde se pretende un mega proyecto turístico en Cabo Pulmo, sin atender el cuidado del medio ambiente–  hasta el caribe mexicano – donde la propuesta de Dragon Mart se mantiene latente–  pasando por los conflictos mineros en Zacatecas, Puebla, Durango, Michoacán o los energéticos de Oaxaca y Chiapas.

A la fecha, en todo el país se registran 418 puntos de conflicto entre empresarios y lugareños que amenazan con incendiar gran parte de la geografía nacional, sin embargo, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) solo reconoce la existencia de 8 disputas, todas relacionadas con la afectación al medio ambiente.

Ninguna de las pugnas reconocidas oficialmente son las que involucran desplazamientos, violación al derecho de propiedad o transgresión cultural por parte de las empresas desarrolladoras.

Minitas de oro… y otros metales

De las 418 disputas por la pertenencia de la tierra que hay extraoficialmente en el paísincluso  a rminar podrce e utaa, al menos 210 de ellas caen en el campo de la minería.

En contra las que se han levantado más poblaciones indígenas en busca de que cesen sus proyectos extractivos, están las subsidiarias de los grupos Frisco, Peñoles, Grupo México y Minera Autlán.

De acuerdo a Miguel Reyes, doctor del Instituto de Investigaciones Sobre Desarrollo Sustentable  y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana, los conflictos por desplazamiento de pueblos originarios lejos de terminar podría crecer, debido a que el Gobierno Federal ha entregado en concesión para la ejecución de proyectos extractivos más del 40 por ciento del territorio nacional.

La confrontación entre pueblos originarios y empresas trasnacionales se lleva en diversas trincheras: desde la resistencia social a los proyectos de inversión, hasta movimientos radicales de autodefensa, donde los pueblos desplazados insisten en la autonomía regional.

En Nayarit, el pueblo Wixarika incluso anunció la creación de un partido político para frenar la construcción de un desarrollo turístico en su zona sagrada, y en Michoacán, se gesta un movimiento independentista en la Comunidad Rural de Ostula. La intención es frenar la expansión del grupo Ternium mediante la emancipación.

Un caso no reconocido por el Gobierno Federal es el brote de insurgencia en la comunidad michoacana de Cherán, en donde a más de dos años de haberse declarado independientes, el gobierno no ha entrado en diálogo con los habitantes.

Esa independencia ha frenado la presencia de proyectos de energías renovables planteados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la Meseta Purépecha.

Y en Chiapas, de acuerdo a la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de México, se registra uno de los conflictos más preocupantes para la Federación. Allí, los habitantes del municipio de San Cristóbal de las Casas han decidido crear su propia policía comunitaria con la que pretenden frenar los intentos de instalación de dos mineras del grupo Frisco.

La nueva colonización

Para Miguel Reyes, investigador de la Universidad Iberoamericana, las transnacionales que se extienden en todo el suelo mexicano, son favorecidas por la legislación federal.

“Se les permite que obtengan las mayores utilidades a costa de los pueblos y aun así tienen opción de no pagar impuestos”, detalló.

Citó como ejemplo que la Reforma Fiscal – promovida por el diputado perredista Armando Ríos Piter– es la mejor oportunidad para el incremento de utilidades de las grandes empresas de proyectos extractivos.

“Se les otorga la facilidad de diferir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y desvanecer el monto de sus utilidades mediante la figura del llamado Régimen Opcional de Grupos de Sociedades”, explicó.

Además, México tiene un régimen fiscal cómodo para las mineras, el mejor del mundo, agregó.

“En nuestro país no se cobra impuesto por derecho de extracción de minerales, cuando en países como Canadá se aplica un cobro del 17 por ciento o en los países escandinavos llega al 50 por ciento sobre lo extraído. En México se cobra el 7.5 por ciento a dividendos de utilidades, cuando en la mayor parte de los países del mundo con actividad minera, el cobro de ese renglón llega al 30 por ciento”, dijo Reyes.

De acuerdo a la Cámara Minera de México (Camimex), en México se tienen registrados 803 proyectos mineros, sin embargo, en al menos 210 casos hay fricciones notables con la comunidad y pueblos naturales. Tal es el caso de la comunidad de Tetela de Ocampo, en Puebla, en donde la resistencia social ha llevado a todo un pueblo a tomar las calles para protestar por la exploración de la que sería la mina de oro más grande del país, la cual fue entregada por el Gobierno Federal a la empresa Almaden Minerals, de capital canadiense.

Por las buenas o por las malas

No solo los proyectos extractivos de mineras internacionales ocasionan conflictos con los pobladores naturales de México. Los desarrollos turísticos también son objeto de agitación social. Entre los casos más sonados están los de Cabo Pulmo, en Baja California Sur, y El Tamarindillo, en Michoacán. En ambos, la Federación ha hecho oídos sordos a los reclamos de los vecinos afectados.

En Cabo Pulmo, pese a que oficialmente los representantes de las empresas Glorious Earth Group y Sansong International Trade Group anunciaron que suspendían sus intenciones de invertir en el proyecto Cabo Dorado, hasta la fecha los cabildeos de las corporaciones con autoridades locales no han cesado.

Vecinos de Cabo Pulmo temen que no haya concluido la posibilidad de que se construyan el complejo turístico que comprenden 9 hoteles, con 22 mil 503 cuartos, 6 mil 141 viviendas, 4 mil 380 instalaciones para comercio, restaurantes, servicios y condominios, así como 100 cuartos para servicios de infraestructura y equipamiento.

La entrada en operación de ese proyecto afectaría directamente la reserva coralina del lugar, un área natural protegida desde 1995, y reconocida por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad en el 2005.

Por su parte, en El Tamarindillo – en el municipio de Coahuayana, Michoacán– los vecinos de la zona parecen haber ganado la batalla, pues el proyecto turístico se encuentra detenido. Los comunitarios, ahora representados por un grupo de autodefensa, decidieron frenar la construcción de caminos y pies de casa por la vía de las armas.

Inlcuso los grupos de autodefensa no descartan la posibilidad de la expropiación de los terrenos para devolveros a los legítimos ejidatarios, quienes en 2005 –por instrucción directa del entonces presidente de la República, Vicente Fox – fueron despojados de 265 hectáreas de tierras ejidales.

“No vamos a dejar que nos roben nuestras tierras, menos ahora que ya estanos encarrerados (sic) en las armas”, dijo Felipe, comandante de la región.

Los focos rojos en el país

E  n Chihuahua, las comunidades de Urique y Bocoyna están en lucha permanente contra el proyecto Turístico Barrancas del Cobre, manejado por Ecoprojecs. Pero por lo menos otros cinco poblados de la zona se oponen al proyecto que afecta al medio ambiente y pone en riesgo la conservación de la sierra, además de ocasiona desplazamientos de indígenas hacia las zonas urbanas.

En el municipio de Guadalupe y Calvo, en la comunidad de Pino Gordo, hay una manifestación permanente del pueblo Tarahumara, que asegura que los proyectos turísticos, ejecutados con participación de capitales extranjeros, implica la destrucción de 15 mil hectáreas de bosque.

El Distrito Federal no se escapa a los conflictos por el uso de la tierra. En la delegación de Milpa Alta se ha establecido una guardia comunal – a manera de grupo de autodefensa– que se encarga de la vigilancia de la reserva boscosa del lugar, afectada tambien por la tala clandestina.

En Guanajuato, las comunidades indígenas de la Sierra Gorda – en las inmediaciones de los ejidos de El Toro, Buena Vista y Majadas, en los límites de los municipios de Xichú y Atarjea– se han manifestado para que las autoridades implementen medidas contra la contaminación generada por la actividad minera de la empresa El Rosario, filial de la canadiense Great Panther Silver, que vierte los desechos químicos en esa afluente.

En Zacatecas, la comunidad Chalchihuite ha denunciado que la empresa minera First Majestic, hace malos manejos de sus residuos químicos, ocasionando daños irreversibles a los mantos freáticos de donde se abastecen de agua más de 23 mil personas de toda la zona norte de esa entidad.

En Hidalgo, pobladores del municipio de Santiago Anaya denuncian impactos y afectaciones socioambientales y a la salud que causa la empresa Cementera Santa Anita, la que sin control de sus procesos ha generado destrucción al medio ambiente.

En tanto que en Jalisco, en la comunidad Huichol de Santa Catarina, se han alzado en protesta para que se clausure la construcción de la carretera estatal Amatitlán-Bolaños-Huejuquilla El Alto, hasta que se revisen los proyectos de impacto ambiental de la obra, la que se comenzó a ejecutar por el estado sin revisar la afectación a la comunidad.

En Tabasco la muerte de unos 30 mil peces en dos viveros chontales de los municipios de Nacajuca y Jalpa de Méndez fue atribuida por los lugareños a la lluvia acida que genera la quema de gas natural en el pozo Terra 123, manejado por la paraestatal Pemex. En el lugar no ha querido intervenir la Profepa.

En Quintana Roo, un funcionario del gobierno estatal reveló que no se ha dado por cerrado el proyecto comercial Dragon Mart, pese a la oposición de grupos ambientalistas y al silencio sobre el tema por parte de los inversionistas.