‘El Hidalgazo’: Los vicios de la justicia

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En 2009 un centenar de funcionarios fueron detenidos en el estado de Hidalgo.

Fue un caso que no sonó igual que el famoso “Michoacanazo”, pero que reúne las piezas más defectuosas de la administración de Felipe Calderón: testigos protegidos, arraigos y persecuciones políticas.

Cuatro años después el proceso jurídico de los detenidos está en el limbo y sus familias piden la intervención del presidente Enrique Peña Nieto.

Y es que los supuestos testigos protegidos que dieron testimonios para inculparlos, no aparecen, a pesar de que por ley deberían estar bajo el resguardo de la PGR. 

Además, un juzgado en Nayarit se ha declarado incompetente para llevar el caso, y el retraso en el proceso es el pan de cada día.

La defensa y familiares de los detenidos han denunciado que se trata de un caso más en donde la figura del testigo protegido y el arraigo han sido mal utilizadas. 

Incluso aseguran que han sido violentados los derechos humanos de los detenidos y demandan la atención del procurador Jesús Murillo Karam y del secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong.

Las detenciones se dieron cuando el hoy secretario de Gobernación, era gobernador de Hidalgo. 

Operativo masivo

Los días 13, 24, y 25 de junio de 2009 ingresaron a la ciudad de Pachuca, Hidalgo, numerosos elementos del Ejército y agentes de la extinta Agencia de Investigación Federal (AFI).

Los oficiales de seguridad realizaron un extenso operativo, concentrando en diversas corporaciones a 101 funcionarios de seguridad pública de todos niveles: municipales, estatales y federales.

Se trataba supuestamente de revisión de armas, juntas de comandantes y jefes de grupo.

De acuerdo al relato de los familiares que realizaron la denuncia, una vez reunidos los detenidos fueron ultrajados, humillados, y con violencia los subieron a diversos autobuses que los trasladaron a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) -hoy SEIDO- en la Ciudad de México.

Todo esto sucedió bajo la supuesta existencia de oficios de localización y presentación que, aseguran, nunca les fueron mostrados.

Al arribar a las instalaciones pasaron de ser presentados a ser indiciados.

Fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal bajo las averiguaciones previas PGR/SIEDO/UEIS/99/2009 y PGR/SIEDO/UEIDCS/150/2009, por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y delincuencia organizada en su modalidad de fomento.

Los detenidos fueron arraigados por 60 y 80 días en la casa de seguridad de la PGR en la colonia Doctores, en el DF, tomando como fundamento las acusaciones del  testigo de cargo José Manuel Escobedo Delgadillo alías “El Oso” –detenido días antes del arresto masivo- y los testigos colaboradores “Caleb”, “El Pitufo”, “Rufino” y “José Antonio”.

Poco despues de que se vencieran los últimos 20 días de arraigo, apareció en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/99/2009 una denuncia anónima, vía Internet, con lo que la Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, emitió la orden de aprehensión en la causa penal 59/2009 por secuestro y delincuencia organizada.  

El testigo se retracta

Escobedo Delgadillo, “El Oso” y el comandante Jesús Garcés Jiménez, fueron los primeros detenidos.

Ellos fueron puestos a disposición del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Toluca, Estado de México, bajo los delitos de secuestro y delincuencia organizada, bajo la causa penal 59/2009.

En el transcurso del proceso “El Oso” manifestó haber sido torturado por elementos federales antes de su presentación ante el Ministerio Público de la Federación.

Los denunciantes aseguraron que este testigo, al ser presentado, fue obligado a firmar una falsa declaración.

Agregan que fue presionado para que reconociera por medio de fotografías a más de 200 policías, a quienes relacionó con el grupo delictivo Los Zetas.

Más tarde, durante el proceso, “El Oso” se habría retractado de las imputaciones hechas por los 200 servidores públicos hidalguenses, y aseguró incluso, que durante su reclusión fue visitado por elementos de SIEDO, quienes lo amenazaron para que no hiciera revocación alguna.

Durante el período de instrucción se llevó a cabo una pericial en grafología, donde el experto emitió un dictamen que establece que las firmas plasmadas en las diversas declaraciones de Escobedo Delgadillo no fueron emitidas de manera voluntaria.

El día 4 de septiembre de 2009, el agente del Ministerio Público de la Federación asignado al caso, ejerció acción penal en contra de los detenidos, radicándose la Causa Penal464/2009 del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales de Tepic, Nayarit, habiendo solicitado la orden de aprehensión correspondiente que fue librada el día 5 de septiembre y entregada alrededor de las 8:30 horas  de ese mismo día.

Sin embargo, los denunciantes argumentaron que, por ley, el agente debió poner sin demora a los inculpados a disposición del juez, cosa que no aconteció.

Aseguran que fue hasta la noche del lunes 14 y la madrugada del día martes 15 de septiembre de 2009 cuando los detenidos fueron trasladados de las instalaciones ya citadas en el DF, al aeropuerto de la Ciudad de México y de ahí al Centro Federal de Readaptación Social, ubicado en Villa Aldama, Veracruz. Hasta 10 días después quedaron a disposición del juez.

Los familiares de los detenidos también refieren que durante su traslado al aeropuerto, y en cuanto arribaron al Cefereso, los detenidos habrían sido golpeados, desnudados y bañados con agua helada por los custodios.

Estuvieron incomunicados prácticamente por más de un mes. Incluso durante su declaración preparatoria, que se llevó a cabo hasta los días 18 y 19 de septiembre de 2009, se le negó la entrada a los diversos abogados particulares, pero las autoridades del penal argumentaron que los ahora procesados habían decidido declarar con un defensor público, situación que los denunciantes califican como falsa.

Refieren además que recibieron tratos inhumanos, que les dieron comida descompuesta, que no fueron atendidos médicamente, y que si tenían visita o audiencia durante la hora de comida, ya no les daban de comer, sino hasta el otro día.

Agregan que no tenían ropa para cambiarse ni colchas para taparse, y las temperaturas en ese lugar, la mayor parte del año son bajo cero.

Ante todas esas imputaciones, se inició el jueves 24 de septiembre del 2009 la queja CNDH/lll/2009/4405/Q ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Se declaran incompetentes

La defensa legal de los detenidos asegura que el proceso ha sido retrasado por motivos inexplicables. Las diligencias son diferidas, es decir, todo es desahogado en al menos seis localidades distintas. 

También, la defensa legal de los detenidos agrega que en muchas ocasiones los representantes del Ministerio Público Federal no están disponibles, o ni siquiera llegan, no les notifican a los procesados, o simplemente no los presentan en las diligencias.

Más aún, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de Nayarit ya se ha declarado al menos dos veces incompetente para tomar el caso, remitiendo los autos a Jalapa y a Villa Aldama, Veracruz, retrasando el proceso por casi más de un año, de acuerdo a la versión de los familiares de los policías y de su equipo legal.

No encuentran a los testigos protegidos

De acuerdo a las versiones de la defensa jurídica, el juez asignado intentó cerrar instrucción con más de mil 200 pruebas pendientes, sobre todo aquellas relacionadas con los testigos protegidos.

La SIEDO apeló la presentación del testigo protegido con clave “Caleb”, y en la resolución de segunda instancia, el magistrado resolvió que el testigo “Caleb” tenía que ser presentado. 

Ante ello se emitió su nombre y domicilio, pero hasta ahora no ha sido presentado. Tampoco han sido presentados los testigos con clave “El Pitufo”, “Rufino” y “José Antonio”.

Recientemente la SEIDO emitió un comunicado en donde argumenta que los testigos “Caleb” y “José Antonio”, no los tienen en su registro de testigos colaboradores, por lo que están en incapacidad de presentarlos.

En lo que respecta a “Rufino” y “El Pitufo”, no han podido localizarlos, por lo que tampoco los pueden presentar.

Esta situación ha indignado a los familiares, ya que de acuerdo a la defensa jurídica se supone que los testigos colaboradores deberían estar bajo el resguardo de la PGR.  

Así mismo, argumentan que de manera repentina ha aparecido una nueva testigo colaborador que va a ser presentada a declarar en contra de estos servidores públicos.

Su clave es “Venus” y ha declarado en múltiples causas penales.

En la causa por la que fue detenida e incorporada al programa de testigos colaboradores arremetió en contra de todos sus coacusados, mismos que han obtenido su libertad por no existir elementos para procesar.

Van a la Suprema Corte

Ante tantas irregularidades, los familiares de los detenidos aseguran que acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde lograron entrevistarse con el entonces Ministro Presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia.

También acudieron al Consejo de la Judicatura Federal, donde fueron auxiliados en la elaboración de quejas por la probable responsabilidad administrativa de diversas autoridades jurisdiccionales. Así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Los familiares, como último recurso, optaron por solicitar a las autoridades que los detenidos fueran trasladados al Cereso de Pachuca, Hidalgo, para salvaguardar su integridad.

De acuerdo a su testimonio, acudieron con las autoridades del órgano desconcentrado de Seguridad Pública, en donde les dijeron que el traslado era responsabilidad del juez.

Por su parte, el juez les dijo que solo el órgano desconcentrado era el responsable de los traslados. Al tratar de conseguir una audiencia en la Secretaria de Seguridad Pública Federal no fueron recibidos.

Después, intentaron acudir a la Secretaría de Gobernación, entonces a cargo de Alejandro Poire, en espera de algún comunicado.

Y finalmente, pudieron contactar a la procuradora Marisela Morales, a través del entonces senador José Luis García Salvidea. 

La entonces titular de la PGR manifestó que ella no podía influir en las decisiones del secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien era jerárquicamente el superior del órgano desconcentrado.

Morales les aconsejó que solicitaran la reclasificación de peligrosidad para que se le diera vista al MP Federal, y pudiera intervenir en el traslado.

La solicitud nunca obtuvo respuesta.

¿Persecución política?

Funcionarios de alto nivel, como el jefe regional del AFI en Hidalgo, Raúl Batres, pudo haber sido víctima de una conspiración política

Los casos de persecución política o complots para poner alto a las posibles aspiraciones de un funcionario público no se dan solo en la Secretaría de la Defensa.

Al interior de propia Secretaría de Seguridad Pública, que lideraba Genaro García Luna, también existieron casos en los que funcionarios de alto nivel fueron perseguidos políticamente.

De acuerdo a la opinión de dos exagentes de la dependencia federal, quienes solicitaron el anonimato, el caso del jefe Regional del AFI en Hidalgo, Raúl Batres Campos, pudo haberse suscitado en el contexto de una persecución política.

Recuerdan que al interior de la dependencia el puesto de director general de la Agencia Federal de Investigaciones sería desocupado, y Batres Campos se mostraba como uno de los hombres con mejor perfil para la vacante.

Uno de los exagentes dijo a Reporte Índigo que el secretario García Luna tenía ya a un favorito. Sin embargo, el jefe regional contaba con el apoyo y liderazgo al interior del AFI.

Otra versión en torno al distanciamiento entre Batres Campos y García Luna es que supuestamente el jefe regional habría sido contemplado por el gobierno del estado de Hidalgo, de extracción priista, para ocupar el cargo de secretario de Seguridad Pública ante el deceso del entonces titular Marcos Souverbille. 

Aparentemente la consideración no habría sido bien vista por García Luna, comentó el exagente.

El caso Batres Campos ha sido uno de los más controversiales pues, de acuerdo a familiares y personas cercanas al excomandante, se trata de un proceso plagado de irregularidades desde el inicio.

Detenido el 25 de junio de 2009, el funcionario con más de 25 años de antigüedad fue arraigado por 80 días en la casa de arraigos de la PGR en la Ciudad de México.

Posteriormente fue trasladado al penal federal de Villa Aldama, Veracruz, también conocido como el de “Perote”. Penal que pasó de ser un Cereso a un Cefereso en la administración de Calderón, por recomendación del exsecretario García Luna.

El exfuncionario fue detenido en Pachuca, su proceso se encuentra en un Tribunal de Tepic, Nayarit.

El caso del exagente Batres Campos ha trascendido en la opinión pública. Y es que, desde el 25 de octubre de 2011, la Comisión de Derechos Humanos de la 60 Legislatura de la Cámara de Senadores emitió un punto de acuerdo y proposición para que el gobierno de Calderón instruyera a la brevedad una revisión sobre las condiciones de detención que prevalecen en el Cefereso de Villa Aldama, así como para que el gobierno federal gestionara con el gobierno del estado de Hidalgo el traslado de los detenidos a una prisión en ese estado.

Y también para que el gobierno federal, por medio de la entonces Secretaria de Seguridad Pública y otras dependencias de salud, realizaran una evaluación inmediata, física y psiquiátrica, y se le gestionara un traslado urgente a un centro especializado de tratamiento.

Y es que los alegatos de continua tortura y vejaciones al excomandante federal llegaron a tal punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos impuso una denuncia, dando origen a la averiguación previa PGR/VER/XALAPA/2/304/2011 lo cual urgió a que se le practicara el Protocolo de Estambul al detenido, para determinar el grado de tortura que habría recibido. 

Reporte Indigo posee una copia de los comunicados originados en Washington D.C, por la Organización de Estados Americanos (OEA), en donde se acusa de enterado el resultado de las pruebas de tortura. 

El diagnostico fue poco alentador. Con un trastorno psiquiátrico, fue trasladado durante un año al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Morelos. No obstante, sin aviso previo, ni instrucción jurídica fue trasladado de vuelta a Villa Aldama.

El 8 de noviembre de 2012 Raúl Batres Campos consiguió el amparo 428/2012 con el que protege para efectos de que repongan todo el procedimiento judicial y le tomen la declaración preparatoria, y le den a conocer la identidad del testigo protegido.

El Ministerio Público promovió un recurso para el amparo, por lo que su situación jurídica esta en el limbo. 

Acusan de ‘halcón’ a invidente

Las detenciones siguieron hasta noviembre de 2012, y entre los detenidos se encuentra un policía ministerial de nombre Salvador Vega Flores, quien es invidente desde años, y que la policía había acogido, por el tiempo que llevaba laborando para la Procuraduría estatal. 

Sin embargo el agente es acusado dentro de la causa 464/2009, por ser “halcón”, o vigía, es decir la persona que vigila los movimientos de las policías y del ejército e informa de estos al crimen organizado.

La situación por supuesto ha causado controversia, ante la discapacidad del agente Vega Flores. 

Actualmente se encuentra recluso en el Ceferepsi de Cuautla Morelos, y su situación jurídica sigue sin definirse.