Fue el último día de Carlos Pascual como embajador de Estados Unidos en México y el primero de los futuros problemas de Felipe Calderón con América del Norte.

Estaban en Los Pinos. A la reunión solamente asistía el presidente, la secretaria de Estado Patricia Espinoza, un asesor de ella y uno de él.

Al terminar, Hillary Clinton, en una conferencia de prensa que dio ese mes de enero de 2011, dijo algo muy importante: “Hemos hablado de los problemas sistémicos de la justicia mexicana que pueden causar un daño irreparable a la lucha contra el narcotráfico”.

Estamos igual en todos los niveles y esferas de la vida nacional. La justicia existe, es una aspiración universal. Es más, existen jueces que cumplen con su obligación e instituciones que se merecen un voto de confianza, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, el país sigue teniendo un déficit de justicia.

Se acabó el tiempo del presidente omnipresente. Se acabó el tiempo del poder de las armas. Se acabó el tiempo del chantaje permanente y del poder sindical. Se acabó el tiempo de los intelectuales o los periodicazos.

¿Quién construirá el país del futuro? Sin duda alguna, va a llegar el momento de los jueces y los investigadores.

¿Qué nos pasa? Pues nos pasa una cosa perfecta. Hemos creado una legislación electoral que, pieza por pieza, estaría muy bien si todos cumplieran con su obligación. Pero a la hora de la verdad, y en el caso de la necesidad de hacer que las leyes funcionen, éstas son únicamente indicativas.

Dicho de otra manera, como este periódico explica hoy, aun suponiendo –que es mucho suponer– que en enero de 2013 el IFE decida que la elección sí fue financiada de mala manera, no solamente para un partido sino para varios o todos, ya dará igual.

El presidente ya habrá protestado y el gobierno, o sea, los jefes de los jefes de los consejeros independientes, tendrá un líder claro. La oposición ya tendrá sus curules y sus asientos en el Senado, así como sus aportaciones del IFE y su negocio en marcha.

En otras palabras, tal como está hoy la impartición de justicia –tanto para los asesinatos como para los delitos electorales–, lleva al crimen perfecto.

Es terrible comprobar que ante la desaparición del Estado, es más fácil matar que corromper. Por eso, ante todo lo que ha comenzado ahora entre la furia popular y la necesidad de ser un mejor país, debe saber que solo será posible en la medida en que México se tome en serio su gran asignatura pendiente.

Y esa tarea es un poder de investigación del Estado fuera de lo que le apetezca al procurador en turno, nombrado por el presidente en turno, con un sistema judicial que entienda que la única manera de salvar al país, la República, y por lo tanto, a ellos mismos, es hacer su función sin demasiadas concesiones, sin demasiados miedos.

Pase lo que pase a partir de aquí, más allá de los periodicazos del día, más allá de las pequeñas víctimas, se garantiza la impunidad total para los malos. Y eso debe servirnos como un elemento de revolución social porque, suponiendo que se lleguen a probar los crímenes, ¿quién los investigará?, ¿quién los condenará?, ¿quién los juzgará?, ¿quién hará justicia en nuestro nombre?

¿PRESIDENTE IMPUGNADO?
Por Félix Arredondo

¿Qué pasaría si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolviera en septiembre declarar a Enrique Peña Nieto presidente electo, y que en enero de 2013 el IFE encontrara que no se respetaron los topes de campaña, o que sí hubo compra de votos?

La respuesta es simple. Enrique Peña Nieto seguiría siendo presidente.

El acto sería un hecho consumado. Imposible de reparar, por injusto que parezca. Ya nada se podría hacer para cambiar el fallo del Trife.

Y mucho menos para regresar las cosas al estado en que se encontraban antes de la resolución.

El palo habría sido dado. Y “palo dado ni Dios lo quita”, dice el refrán.

Por eso se entiende la preocupación que han externado los presidentes del PAN y el PRD, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, al solicitar al IFE que resuelva las denuncias presentadas antes de que el Tribunal Electoral emita su sentencia.

“Es un tema que nos compromete a todos los demócratas, los partidos políticos, para pedirle a las autoridades que ejerzan su papel y aclaren esas denuncias con oportunidad, que es la petición que estamos haciendo respetuosamente al IFE para que no se dilate en estas investigaciones, sino que, por el contrario, las profundice, las amplíe y las acelere”, exigió Gustavo Madero.

Y es que aunque los responsables de los delitos electorales, ya sea personas o partidos, pudieran ser sancionados, “el crimen” habría resultado perfecto.

Uno de esos crímenes en los que los criminales no sufren las consecuencias de sus actos y resultan impunes.

¿Qué respuesta han merecido por parte de las autoridades electorales las solicitudes de los partidos? ¿Qué consecuencias y alcances podría tener en los hechos una situación como la descrita? Analicemos.

La denuncia de los partidos

Hace seis años, solamente los partidos de izquierda se negaron a reconocer el triunfo de Felipe Calderón.

A diferencia de lo que sucede hoy, en los primeros días de julio de 2006, tanto el PRI como Roberto Madrazo se apresuraron a reconocer el triunfo del PAN.

¿Qué hubiera pasado en 2006 si el PRI hubiera interpuesto quejas y demandas en mancuerna con el PRD –en contra del PAN– por compra de votos, rebase de topes de campaña, exceso en los topes de aportaciones y empleo de mecanismos paralelos de financiamiento?