Detienen a 13 por matanza en La Ruana

Aun cuando la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán anunció que 13 autodefensas del grupo de “El Americano” se entregaron para someterse a la justicia, por su presunción de responsabilidad en los homicidios de 11 personas ocurridos el 16 de diciembre del 2014, trascendió que los 13 encausados fueron detenidos por efectivos de la Policía Federal, en base a una orden de aprehensión.

A los 13 exautodefensas, que estaban ya acreditados como parte de la policía estatal denominada Fuerza Rural, se les imputan los hechos en donde ocurrió la muerte del Manuel Mora, hijo de Hipólito Mora Chávez, el jefe de los civiles armados en el municipio de Buenavista Tomatlán. Todos los detenidos son parte del grupo de Luis Antonio Torres.

La detención de los 13 ex autodefensas ocurrió justamente un mes después de que Hipólito Mora Chávez y Luis Antonio Torres Gonzalez fueron exonerados por un magistrado del poder judicial de de Michoacán, el que llegó a la conclusión que los hasta ese momento los detenidos habían actuado en completo estado de defensa personal.

Junto con Hipólito Mora se habían entregado 26 de sus hombres, en tanto que al lado de Luis Antonio Torres, se solidarizaron ante la justicia otros nueve de sus más cercanos colaboradores. Todos fueron exonerados de responsabilidad por parte del magistrado de la novena sala penal.

Sin embargo, desde la semana pasada se emitieron 13 órdenes de aprehensión contra igual número de exautodefensas, todos los bandos del grupo “El Americano”, a los que se les presume responsabilidad en la matanza de La Ruana, mismas órdenes que se cumplimentaron este mismo día.

La detención de los 13 señalados se llevó a cabo en un operativo de la Policía Federal Preventiva, en donde participaron algunos integrantes de los grupos de autodefensa, que se dieron desde hace días a la búsqueda de los indiciados por el Gobierno estatal.

Los detenidos fueron puestos a disposición de un juez local que tiene las próximas 72 horas para determinar si establece un proceso penal en contra de los civiles cuyas familias han difundido la versión de haber sido engañados para su detención, al referir que los indiciados fueron convocados por las autoridades ministeriales de Michoacán para la realización de un examen de confianza.