#mafiacasinos

Desde 2009 sabían de la mafia

Nuevos testimonios confirman que funcionarios de Gobernación traficaban con permisos de casinos. La exdiputada federal Lizbeth García Coronado lo denunció a los secretarios Gómez Mont y Blake

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Gobernación sabía desde 2009 que en sus pasillos existía una mafia que otorgaba permisos falsos y que dejaba en operación casinos que no tenían permisos legales.

Desde mayo de 2011, tres meses antes de que las llamas en el casino Royale acabaran con la vida de 52 personas, lo sabía también la Procuraduría General de la República.

Estaban enterados el poder Legislativo y el Judicial, además de la Secretaría de la Función Pública. Todos tuvieron  información y exhortos para clausurar los casinos ilegales, pero nada sucedió.

Se mantuvieron en un silencio cómplice en el que los permisos falsos iban y venían, en el que documentación salía de Segob a oficinas privadas, y nadie parecía darse cuenta.

La respuesta de la autoridad se limitaba a que no sabía nada y que no tenía personal suficiente para inspeccionar.

La información que conoció Talía Vázquez Alatorre, gracias a una relación de matrimonio con el exfuncionario de Gobernación Juan Iván Peña Neder también la tuvo, por una investigación propia, Lizbeth García Coronado.

Entonces era diputada federal por el PRD y encargada del equipo de trabajo que vigilaba el funcionamiento de los casinos y el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, al interior de la Cámara.

En entrevista reitera lo que dijo a la autoridad, incluido el propio secretario de Segob después fallecido, Francisco Blake Mora: un grupo de exfuncionarios otorgaban permisos ilegales y Gobernación lo permitía.

Oídos sordos

Desde el 17 de septiembre de 2009 la Segob posee una lista de 46 casinos ilegales, la cual incluía al Royale de Monterrey.

La entregó públicamente en la Cámara de Diputados Jesús Zambrano, entonces diputado por el PRD, a Fernando Gómez Mont, quien entonces ocupaba el cargo de secretario de Gobernación.

“Le entregó una lista de establecimientos en los que operan  casinos de forma irregular a lo largo y ancho del país, bajo la complacencia de su Secretaría. Esperamos que se investigue y se aplique la ley”, dijo el perredista al titular de Segob.  

Esto consta en la versión estenográfica del encuentro.

Gómez Mont era entonces funcionario público, pero en su vida personal era –y lo sigue siendo– socio del bufete de abogados Zinser, Esponda y Gómez Mont.

Otro de los socios de este despacho es Julio Esponda Ugartechea, quien ha sido señalado como protector de la mafia de los casinos que ha revelado Reporte Indigo, aunque él lo negó en una carta dirigida a este diario.

La Segob no emitió respuesta sobre esta lista de casinos ilegales y al año siguiente, cuando el titular de esa dependencia era Francisco Blake Mora, nuevamente la Cámara de Diputados revivió el tema.

Lo hizo en voz de la diputada del PRD por el Estado de México, Lizbeth García Coronado, quien era secretaria de la Comisión de Turismo y coordinaba un grupo de trabajo sobre la operación de casinos.

“(La lista) era de los establecimientos que trabajaban de manera ilegal, que no tenían permisos federales, que no contaban con anuencias municipales o estatales, y presumíamos que estaban trabajando de manera irregular y que se tenía que hacer algo”. 

“Esta lista se le entrega al secretario de Gobernación pero se hace caso omiso, se deja seguir trabajando a los establecimientos, no solamente a los que denunciamos, sino un sinnúmero de establecimientos que seguían operando así”, recuerda en entrevista.

El 2 de mayo de 2011, mediante una denuncia ante la PGR, la diputada dio cuenta de 16 casinos ilegales que operaban en Monterrey. El sexto era del Royale. 

“No tiene permiso de la secretaría de Gobernación ni anuencia municipal (…) además se permiten juegos aún prohibidos por la ley como son naipes, ruletas y dados”, se lee en la averiguación previa AP/PGR/UEDICSPCAJ/SP/M-X/156/2011.

La diputada se reunió con las directoras de Juegos y Sorteos, Guadalupe López Mares y Araceli Barroso Rodríguez;  con el encargado de la Unidad de Gobierno, Carlos Reynoso Nuño, y con el subsecretario Obdulio Ávila Mayo, para pedir informes sobre la inspección a los casinos ilegales.

“Guadalupe López Mares nos decía: ‘hay 30 y tantos inspectores y es imposible verificar el sinnúmero de establecimientos que hay en el país, y no se puede, no pueden, inspeccionar los centros de apuestas’. Que se salía de control porque había muy poco personal.

“En el caso de Araceli (Barroso) sí te escuchaban, te daban un reporte de cuántos permisionarios habían, cuántos establecimientos, pero eso era todo, solamente reportes.  Cuando de un momento a otro tú visitabas la página en internet de la Dirección de Juegos y Sorteos, veías otra cosa contraria a la que te decía la directora (…) era un discurso falso de los funcionarios de Gobernación”, recalca la política.

La otra respuesta de Gobernación era que la responsabilidad recaía en el poder judicial, porque eran los jueces quienes autorizaban ampliaciones repetidas a los permisos que tenían las empresas de casinos. 

El 5 de agosto de 2011 la Comisión Permanente de la Cámara baja aprobó un punto de acuerdo para que el Consejo de la Judicatura Federal informara “sobre el  número de sentencias que por juicio de amparo han sido concedidas a particulares o personas morales operadoras de casinos, casas de juegos o de apuestas remotas, y la relación de jueces que las han dictado”.

García Coronado asegura que nunca obtuvieron respuesta, como tampoco supieron los resultados de una auditoría que realizó la Secretaría de la Función Pública a Gobernación, sobre este tema.

Solo dijeron que la posible corrupción en los permisos emitidos había prescrito, por lo que no había posibilidad de que alguien fuera sancionado.

Corrupción oficial

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