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Torres sin ley

Las primeras demandas que interpuso el Gobierno de Guadalajara contra edificaciones que no se ciñeron a los planes parciales, como el Citi Tower, lo pondrá frente a grupos de poder. La Contraloría reporta la detección de otras 51 licencias de construcción con anomalías

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Las ampliaciones autorizadas al Citi Tower habrían costado 57.7 millones de pesos, si el Ayuntamiento las hubiera cobrado aplicando los valores del esquema de transferencia de derechos
Las anomalías en la emisión de dictámenes de uso de suelo le fueron advertidas al entonces alcalde Ramiro Hernández, pero el Municipio no procedió
51
licencias de construcción expedidas de manera irregular en el pasado trienio, encontró la Contraloría tapatía
56
contratos de obra liberaron para pago, teniendo 10 de ellas observaciones de la entonces Secretaría de la Contraloría
35
obras que a pesar de haber sido contratadas en el pasado trienio, no se concluyeron ni física ni financieramente

La batalla legal del Gobierno de Guadalajara contra proyectos inmobiliarios autorizados en el pasado trienio, que no acataron los planes parciales de desarrollo de la ciudad, tiene entre sus primeros contrincantes a edificaciones impulsadas por grandes intereses económicos.

La Sindicatura de Bárbara Casillas García comenzó su estrategia jurídica en el ámbito urbanístico con cuatro demandas de lesividad, con las que busca dejar sin validez los permisos otorgados a construcciones que atañen a una cadena hotelera internacional, a un emporio inmobiliario y una gasolinera. 

A su llegada a la alcaldía tapatía en octubre del 2015, Enrique Alfaro Ramírez recibió como herencia cientos de dictámenes de uso de suelo expedidos en la gestión del exalcalde priista Ramiro Hernández García, sin ajustarse a lo que ordenaba la normatividad vigente, algunos de esos ya con obras en marcha.  

En su reporte 2452/SIN/ES/2015, elaborado dentro del proceso de entrega-recepción, la Sindicatura indica que entre los primeros desarrollos que impugnó está la torre que se edifica en avenida Américas 1500, en la zona financiera, donde se proyecta la llegada de un hotel Marriot, así como el complejo Citi Tower, del empresario Felipe Tomé. 

Estos dos casos fueron abordados por Reporte Indigo en su reportaje “Alturas bajo sospechas”, del 13 de agosto de 2015, por ser paradigmáticos de la forma en que procedió la pasada gestión de octubre del 2013 a septiembre del 2015, que soslayó los planes parciales, ameritando las críticas tanto del PAN como de Movimiento Ciudadano. 

Con respecto a la torre de Américas, el reporte de la Sindicatura señala estas acciones en su contra: “Juicio de Lesividad. Presentado en contra de la indebida emisión de licencia municipal de segunda etapa de construcción respecto del edificio ubicado en Av. Américas 1500”. Esta demanda, dice, “ya fue admitida y se encuentra en trámite”.

En ese caso, los ediles panistas del pasado trienio descubrieron que la Secretaría de Obras Públicas le concedió discrecionalmente aumentos en su desplante de 2 mil 881.2 metros cuadrados a 3 mil 292.8; en superficie de construcción de 8 mil 643.6 metros cuadrados a 29 mil 635.2, además de romper su límite de tres niveles de altura hasta superar las dos decenas. 

Esos grupo que encabezaba el exgobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, calculó que las ampliaciones autorizadas al particular habrían costado 57.7 millones de pesos, si el Ayuntamiento se las hubiera cobrado aplicando los valores del esquema de transferencia de derechos, pero no lo hizo. 

Los incrementos que le fueron permitidos, empero, fueron tan drásticos que ni el esquema de transferencia de derechos los hacía posibles; aunque sí pudo habérsele cobrado bajo ese marco hasta 19 millones de pesos, lo que tampoco se hizo, de acuerdo con el PAN. 

Agregando pisos

Sobre el caso de Citi Tower, un complejo en desarrollo en la Avenida México 2582, la Sindicatura detalló estas acciones en su contra:

“Juicio de Lesividad. Presentado en contra de la indebida emisión de la licencia construcción mayor y dictamen de trazos, usos y destinos específicos del edificio denominado Citi Tower (sic). Demanda presentada ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco (TAE), se encuentra en espera de admisión.”

Ese desarrollo es de la firma Citicapital, que encabeza el empresario Felipe Tomé, a quien la revista Proceso vinculó en el 2007 con inversiones de Martha Sahagún y sus hijos Bribiesca, lo que sería rechazado por el Centro Fox. 

La fracción panista del pasado trienio estudió el plan parcial de la zona, y concluyó que este le marcaba un tope de 73 unidades de vivienda y una altura de ocho niveles, pero Obras Públicas le otorgó un dictamen de uso para 200 unidades de vivienda y una altura de 23 pisos; el proyecto prevé dos torres. 

Esa misma firma desarrolla en Guadalajara otros dos proyectos, la renovación de Plaza Pabellón con dos torres, y el llamado Central Park, con al menos tres torres de 111 departamentos, aunque versiones periodísticas señalan que habría obtenido dos más con juicios. 

La Sindicatura también impugnó un tercer desarrollo, esto reporta:

“Juicio de Lesividad. Presentado en contra de la indebida emisión del dictamen de uso de suelo respecto del edificio ubicado en Mar Rojo 2095. Demanda presentada ante el TAE, ya fue admitida y se encuentra en trámite”. 

Además de una gasolinera, sobre la que señala: “Juicio de Lesividad. Presentado en contra de la indebida emisión de la licencia de giro de gasolinera ubicada en Calzada del Ejército 666. Demanda presentada ante el TAE, ya fue admitida y se encuentra en trámite”. 

Licencias irregulares

La Sindicatura tiene mucho trabajo por delante en lo que respecta al desarrollo urbano de la ciudad, pues la Contraloría asegura haber detectado varias decenas de licencias de construcción con anomalías, según lo expone en su oficio CON/DR/792/2015:

“Esta Contraloría Ciudadana ha detectado a través de las observaciones derivadas de la entrega–recepción, 51 licencias de construcción expedidas de manera irregular y 56 contratos de obra que se liberaron para pago teniendo 10 de ellas observaciones por parte de la entonces Secretaría de la Contraloría”. 

Ese reporte de Contraloría también habla de 35 obras que a pesar de haber sido contratadas en el pasado trienio, no se concluyeron “ni física ni financieramente”. 

A esas 51 licencias de construcción con anomalías, habría que sumar los cientos de dictámenes de uso de suelo que la Secretaría de Obras Públicas concedió a particulares en ese mismo periodo, tanto para edificaciones como giros comerciales, sin ceñirse estrictamente a los planes parciales, como debía. 

 
 

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