Padrón ‘sin cambio alguno’
Tras el conocimiento de que el líder estudiantil, José Alberto Galarza Villaseñor, también conocido como “Rojo”, y sus familiares aparecen en la lista de concesiones del transporte público de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) negó los hechos y afirmó haber renunciado a dicha concesión.
Jonathan ÁvilaReporte Indigo solicitó vía transparencia el padrón actualizado de las concesiones, en donde la respuesta evidenció una incongruencia con información de la Semov
Tras el conocimiento de que el líder estudiantil, José Alberto Galarza Villaseñor, también conocido como “Rojo”, y sus familiares aparecen en la lista de concesiones del transporte público de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) negó los hechos y afirmó haber renunciado a dicha concesión.
En entrevista con medios locales que han replicado lo publicado por el Semanario Crítica, Galarza Villaseñor ha dicho que la concesión fue cedida en 2006 tras un juicio sucesorio que inició tras la muerte de su padre, Félix Galarza, quien fue secretario general de la Alianza de Camioneros y falleció en 1994.
El nombre de José Alberto Galarza Villaseñor aparece en la lista de concesiones del transporte de pasajeros de la ZMG, como dueño de una concesión en la ruta 706 cuya unidad era un modelo 2006; a pesar de esto el numero de concesión no aparece, como sí es el caso de su hermano, Félix Ángel Galarza Villaseñor, concesionario de la ruta 214 y 61-B.
De acuerdo a declaraciones realizadas a La Jornada Jalisco, Galarza aseveró que la aparición de su nombre en el registro de concesionarios demostraba el anacronismo de dicho documento y señaló: “Parece que la Secretaría de Movilidad ya halló la sustancia para hacer zombis, pues cuates que ya murieron ya renovaron sus unidades, es una cosa impresionante”.
Y es que de acuerdo a lo publicado por la Secretaría de Movilidad, en su apartado de concesiones, el registro más actual data de abril del año 2013.
El propio secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño Coronado, ha señalado que el padrón de concesionarios no ha sido actualizado y el que está en sus manos es el entregado por la pasada administración.
Sin embargo la Ley de Movilidad señala que es de vital importancia un registro estatal de dicha área para el cambio en el modelo de transporte.
“Es lo que recibimos. Haremos una revisión jurídica para tener la certeza que están bien las concesiones”, argumentó en marzo Gudiño Coronado.
Según el artículo 45 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, es la Secretaría quien abrirá, operará y mantendrá el Registro Estatal, en donde quedarán inscritas las concesiones del transporte.
Así mismo, según el “Considerando” nueve del acuerdo 012/2014, publicado el 13 de marzo, y en el cual el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz expide el Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en Jalisco, se señala que “para llevar a cabo una sana transición hacia un nuevo modelo de servicio, se requiere de la reorganización de los registros”.
Pese a esto, el secretario ha afirmado que apenas se va a revisar dicho padrón.
“Hay listas publicadas y con el reglamento haremos obligatorio el registro (el cual implicará) hacer una revisión jurídica, técnica y mecánica de la viabilidad de las concesiones”, indicó.
Aunque tras la revelación de que José Alberto Galarza estaba señalado en el padrón de concesiones, lo cual negaba como muestra de una falta de actualización en los registros, Reporte Indigo solicitó vía transparencia el padrón actualizado de las concesiones, en donde la respuesta evidenció una incongruencia en los dichos del secretario de Movilidad.
Se lee en la respuesta procedente del expediente 206/2014 emitido por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Movilidad que los padrones son actuales puesto que estos no han tenido cambios.
“No ha sido modificado desde abril de 2013, en virtud que desde esa fecha las concesiones publicadas hasta el momento no han tenido cambio alguno”, apunta la resolución a la solicitud.
Y también menciona: “cabe señalar que en algunas concesiones se encuentran en diversos trámites, mismos que hasta la fecha no han sido concluidos por lo cual estamos en espera de que se concluyan para así poder realizar las actualizaciones pertinentes”.
Estos datos vienen a contradecir los dichos del propio Mauricio Gudiño, incluso los de la recién nombrada directora de Transporte Público en la Secretaría de Movilidad, Edith Rivera Gil.
“No hay un registro actualizado de concesionarios, ni de quiénes son los dueños de los permisos, no tenemos un registro actualizado, eso lo vamos a tener que hacer, ni de los choferes”, expresó la funcionaria al periódico Milenio Jalisco.
De la misma forma expresó: “Hay expedientes incompletos, que no tienen originales, que son copias o faltan documentos, expedientes que no aparecen”.
El padrón más actual, además, señala vencimientos de prórroga con fechas varias o “en trámite”, aunque el estado de dichas concesiones se menciona como “activo”. Lo cual, a decir de especialistas independientes consultados por Reporte Indigo, puede tratarse de un recurso para omitir la publicación del estado específico que guardan las concesiones.
Así mismo se menciona que dichos recursos pueden ser utilizados para la no transparencia de las concesiones del Área Metropolitana de Guadalajara y el interior del estado, así como la situación jurídica en la que se podrían encontrar actualmente.
Por ahora Mauricio Gudiño ha señalado que se actualizará a la brevedad, aunque a pesar de la polémica y los trágicos accidentes registrados en los últimos días, sigue sin haber una actualización real.
Un caso que destaca es el de la previamente citada ruta 61-B, pues al respecto de su existencia y status se dicen tres cosas: una de parte del concesionario (José Alberto Galarza, FEU), quien dice que ya la cedió; otra de parte de la Secretaría de Movilidad, que dice se encuentra “en trámite”, y una última de el Ayuntamiento de Zapopan, pues en su Mapa de Transporte Público que difunde entre los ciudadanos la enlista en las rutas activas de la ciudad: así el descontrol en el registro.
Edith Rivera, pieza de Nájera
La actual directora general de Transporte Público en Jalisco, Edith Rivera Gil, designada apenas el 25 de marzo pasado, fue previamente subalterna del fiscal general, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, cuando se desempeñaba como su coordinadora general de las Áreas Auxiliares, y aún antes como parte de su equipo cercano en la Secretaría de Seguridad Pública, durante la administración estatal del exgobernador Emilio González Márquez.
La función de Rivera Gil resultará clave en el éxito –o fracaso- de la conformación del próximo Registro Estatal de Movilidad y Transporte, cuya reglamentación está vigente desde el 10 de noviembre de 2013, para concentrar por primera vez toda la información relativa a los permisos, concesiones, autorizaciones y subrogaciones en esta materia, que hoy está dispersa, desactualizada y desordenada.
Cuando la Secretaría de Movilidad (Semov) anunció su llegada a esta área sensible, resaltó sus más de 15 años de experiencia en el servicio público, y que “se especializó en Washington D.C. en combate a las organizaciones criminales transnacionales”.
En la Fiscalía fue responsable de las áreas de Control de Confianza, Asuntos Internacionales y Transparencia; ahora sustituye a Javier Jaramillo González, quien dejó su cargo el 10 de marzo pasado.
La versión oficial es que Jaramillo González presentó su renuncia al titular de Semov, Mauricio Gudiño, por “motivos de salud”, sin embargo, previamente se había difundido en redes sociales y medios una fotografía en la que el exfuncionario estatal aparece en un campo de golf con Hugo Higareda, representante del sector camionero (secretario de la Fundación Alianza de Camioneros) al que debía regular.
La prioridad de Rivera Gil, encomendada por el titular del Ejecutivo, Aristóteles Sandoval Díaz, según dice su gobierno, es “la transparencia del manejo y asignación de las concesiones del transporte público; que los operativos de supervisión sean realizados con total honestidad, apegados a la legalidad y con cero tolerancia para quien incumpla con la norma”.
