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Las mentiras de Emilio sobre ‘Jova’

La historia de la catástrofe sin precedentes que causó el huracán “Jova” en Jalisco, en octubre del 2011, relata el devenir de un desastre natural que se tornó pronto en desastre político, gubernamental y económico, y en donde los que más perdieron fueron los habitantes de la costa sur de la entidad.

Muy poco de la estrategia de respuesta que planteó el Gobierno de Jalisco, aún en el mandato del exgobernador del PAN, Emilio González Márquez, resultó acertada.

El desinterés de la oposición terminó por postergar la reconstrucción de la zona por dos años y medio, con más deuda para el Estado
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La historia de la catástrofe sin precedentes que causó el huracán “Jova” en Jalisco, en octubre del 2011, relata el devenir de un desastre natural que se tornó pronto en desastre político, gubernamental y económico, y en donde los que más perdieron fueron los habitantes de la costa sur de la entidad.

Muy poco de la estrategia de respuesta que planteó el Gobierno de Jalisco, aún en el mandato del exgobernador del PAN, Emilio González Márquez, resultó acertada.

Mucho de lo que se dijo fue falso o, al menos, verdades a medias, así lo revelan archivos en resguardo de la Secretaría de Gobernación (Segob), obtenidos por Reporte Indigo. 

Esto, junto al desinterés de las fuerzas políticas de oposición, terminó por postergar la reconstrucción de la zona por dos años y medio, y cuando finalmente se dio, fue con más deuda para el Estado.

En 2011, el Gobierno estatal afirmaba que tenía un seguro contra desastres naturales que le costó 150 millones de pesos (MDP). En su comunicado del 31 de octubre sobre “Jova”, informó:

“El seguro contra desastres que se contrató meses atrás por el Gobierno del Estado (…) tuvo un costo de 13 millones de dólares. La Secretaría de Administración informa que del seguro contra desastres se recibirán 250 millones de pesos”. 

Como el impacto total se valuó en mil 41 millones 754 mil pesos, el Estado anunciaba que con el cobro de la póliza: “alcanzaría para cubrir 60 por ciento de los daños carreteros o 25 por ciento de los daños totales, y con los recursos que se obtengan del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) se cubriría el porcentaje restante”. 

Nada de eso sucedió. Los archivos del Fonden en la Segob demuestran que la inmensa mayoría de la infraestructura perdida por “Jova” no se encontraba asegurada por el Estado, por el contrario, lo protegido era una minúscula parte. 

Esto se plasmó en las valuaciones que las dependencias federales remitieron a la Coordinación General de Protección Civil de Segob en el 2011. 

La más importante de todas fue la de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre el daño en 793.2 kilómetros de 127 carretas estatales, que se elevó a 646 millones 943 mil 87 pesos: el 62 por ciento de todo el menoscabo económico sufrido. 

En el oficio 1028, del 14 de diciembre de aquel año, el subsecretario de Infraestructura, Fausto Barajas, afirmó en el punto IV, sobre “La situación jurídica del aseguramiento de los bienes sujetos de apoyo”:

“El Gobierno del Estado informa que la infraestructura carretera estatal dañada no se encuentra asegurada”. 

Tampoco estaban protegidas las obras hidráulicas. En el oficio 0312 del 5 de diciembre de ese año, el subdirector de Infraestructura Hidroagrícola, Sergio Soto, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reportó que esos daños ascendieron a 30 millones 275 mil 840 pesos, y dijo:

“La reconstrucción de las protecciones marginales, específicamente de gaviones, que se incluyen en la solicitud de recursos, fueron construidas por el Gobierno del Estado y municipios, razón por la cual no están aseguradas”. 

Pasó lo mismo con las unidades deportivas estatales. En el oficio 0659, del 28 de noviembre, el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Guillermo Bernal, valuó un impacto de 17 millones 73 mil 456 pesos en 13 espacios, y dice:

“Las unidades deportivas antes señaladas no cuentan con seguro”. 

Las 17 escuelas estatales afectadas por 6 millones 202 mil 487 pesos sí estaban aseguradas, pero no gracias al Estado, sino a la SEP y su póliza 611537-3 con Interacciones. Por eso, su oficial mayor plasmó en el oficio 0658:

 “Una vez que la SEP recupere el pago parcial o total del seguro, será reintegrado a la brevedad posible al Fonden”. 

Ni carreteras, ni infraestructura hidráulica, ni unidades deportivas, ni escuelas… ¿qué cubría el seguro estatal que costó 13 millones de dólares? 

Lo único que fue reportado a la Segob como asegurado, según sus archivos, fueron 29 viviendas que requerían un millón 20 mil 760 pesos, e infraestructura vial urbana por 30 millones 657 mil 120 pesos, por tres puentes vehiculares, cinco vados y ocho calles. 

Esto fue valuado por Sara Topelson, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). En sus oficios 271 y 272 del 24 de noviembre, dijo:

“El Gobierno del Estado de Jalisco informa que cuenta con la póliza 1810530090838 gravada con Seguros Inbursa”, y que “en los términos y condiciones de la póliza se identifica que los bienes amparados” incluye tanto al sector vivienda como a obras viales urbanas por catástrofe natural. 

En los bienes no cubiertos por el seguro estatal se dio el 97 por ciento de las pérdidas por “Jova”. No sorprende que, al final, el único pago líquido que obtuvo el Estado de su póliza, tras los cargos contractuales, fue de sólo 53 millones 264 mil 58 pesos, el 16 de agosto del 2012, no los 250 MDP anunciados. 

Urgencia aplazada

El desastre político de “Jova” no fue responsabilidad exclusiva del Ejecutivo, abonaron también fuerzas políticas de oposición –el PRI en particular– que antepusieron otros intereses a la atención del desastre.

En 2011, tras “Jova”, el Ejecutivo solicitó al Congreso la aprobación de un crédito por 950 MDP. Su idea era disponer cuanto antes de fondos: “Serviría como un crédito puente para cubrir los gastos inmediatos generados por los daños, y sería liquidado con los recursos del Fonden, una vez que sean asignados”, según aquel comunicado. 

Pero la negociación naufragó. Los diputados de oposición (el PRI era coordinado por Roberto Marrufo) condicionaron el sí a la deuda a cambio de que el Ejecutivo les dotará de 200 MDP, para salvar el caos financiero por el que atravesaba el Congreso, sin recursos siquiera para la nómina de sus más de mil 500 empleados.  

El crédito llegó a ser autorizado en comisiones el 24 de noviembre de 2011, pero cuando el gobernador declaró que ello no significaría más presupuesto para el Congreso, el dictamen se fue al limbo. 

El 25 de noviembre dijo el Ejecutivo: “Les pido a los diputados no aprueben el crédito si es que creen que de ahí va a salir dinero para los diputados”; y en la sesión del 29 de noviembre los legisladores retiraron el dictamen que ya habían avalado. 

¿A qué llevó esta manera de hacer política? Las obras de reconstrucción iniciaron hasta dos años y medio después de “Jova”, en el primer semestre del 2014, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. 

Son 42 acciones por 299 millones 888 mil 344 pesos, en 37 municipios fondeadas con deuda con Banobras. El esquema bono cupón cero le permite al Estado no pagar capital, pero sus intereses se han estimado en 266 MDP a 20 años. 

El Fonden nunca llegó a manos del Estado, fue ejercido directamente por las dependencias federales. Hoy en día la SCT, Conagua, Sedesol y SEP reportan una inversión total por “Jova” de 481 millones 868 mil 844 pesos, de estos, 466 millones 941 mil 586 pesos del Fonden. 

Las obras federales, mucho más prontas que las estatales, se concretaron en 2012 (salvo una minoría de escuelas). 

El Gobierno de Jalisco, por su parte, dirigió en su momento y de urgencia 56 millones 845 mil 807 pesos para obra pública, 16.8 MDP de estos por la Comisión Estatal del Agua.