El Estado prestamista
En las finanzas públicas del Gobierno de Jalisco se ha generado un enorme boquete superior a los mil 743 millones de pesos, a partir de decenas de préstamos que autorizó el Ejecutivo a sus organismos paraestatales, pero que nunca fueron pagados a la hacienda central.
Los registros de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf, antes Sefin), indican que entregó a estos organismos paraestatales mil 95 millones 126 mil 946 pesos en calidad de empréstitos entre los años de 1995 y 2014, a través de 65 operaciones.
Luis HerreraLos intereses habrían ayudado a la hacienda estatal si esos fondos se hubieran mantenido bajo condiciones bancarias
En las finanzas públicas del Gobierno de Jalisco se ha generado un enorme boquete superior a los mil 743 millones de pesos, a partir de decenas de préstamos que autorizó el Ejecutivo a sus organismos paraestatales, pero que nunca fueron pagados a la hacienda central.
Los registros de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf, antes Sefin), indican que entregó a estos organismos paraestatales mil 95 millones 126 mil 946 pesos en calidad de empréstitos entre los años de 1995 y 2014, a través de 65 operaciones.
De esa gran bolsa que debía retornar al presupuesto del Ejecutivo, sin embargo, la Sepaf únicamente ha podido recuperar menos de un punto porcentual de todo lo prestado: esto es, 7 millones 791 mil 220 pesos.
Los deudores gubernamentales de la Sepaf no sólo han omitido el pago del capital, también los intereses que se pactaron en cada empréstito, lo que en el pasar de los años se presenta ya como un pasivo de cientos de millones de pesos en detrimento de la hacienda del Estado.
Hasta 2014, las estimaciones elaboradas por la Sepaf arrojan que se han acumulado 656 millones 419 mil 17 pesos en intereses que debían ingresar al presupuesto estatal, y que se adeudan en su totalidad, derivado de los préstamos no saldados.
Intereses, además, que sí habrían incrementado la hacienda estatal si esos fondos se hubieran mantenido bajo condiciones bancarias, en lugar de perderse en el incumplimiento de los organismos.
Son tres los principales deudores del Ejecutivo: Servicios y Transportes debe 429 millones 54 mil 613 pesos en capital y 471 millones 856 mil 693 de interés; el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi, antes Iprovipe), con 418 millones 977 mil 954 pesos en capital y 97 millones 643 mil 713 pesos de interés.
Y el Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome), con 173 millones 303 mil 157 pesos de capital y 84 millones 946 mil 708 pesos de interés.
El periodo de gobierno que validó los mayores préstamos y, por ende, dejó los mayores boquetes, fue el del panista Emilio González (2007-2013), con 457 millones 281 mil 436 pesos de saldo y 115 millones 913 mil 835 pesos de interés.
Seguido por el del panista Alberto Cárdenas (1995-2001), con un saldo no pagado de 268 millones 509 mil 939 pesos e intereses por 448 millones 854 mil 993 pesos.
Y el del propio gobernador del PRI, Aristóteles Sandoval, que pese a las fallas del esquema lo continúa utilizando, y ya autorizó de esta forma una deuda por 190 millones 28 mil 145 pesos con intereses pendientes por 4 millones 812 mil 940 pesos.
Vía de desvío
Este mecanismo de préstamo interno del Gobierno de Jalisco no sólo es causa de un gran boquete en sus finanzas que nunca cierra, ni se compensa con el pago de intereses, además ha sido utilizado para el desvío de fondos, según lo confirmó su Contraloría.
En el expediente sancionatorio 004/2014 la Contraloría comprobó que bajo este esquema de deuda, en 2011 la Sefin (hoy Sepaf) le prestó a Iprovipe (hoy Ijalvi) 300 millones de pesos que debían pagarse a la empresa Corey Integra por la construcción de las Villas Panamericanas
El empréstito entre Sefin e Iprovipe se firmó el 16 de mayo de 2011, sin embargo, se detectó un faltante de 10 millones que el segundo nunca hizo llegar a la empresa, con lo que se concluyó la “presunción de desvío de recursos”. En ese expediente la Contraloría señala como presunto responsable al exdirector del Iprovipe, Jorge Sánchez.
Hubo otro caso ligado. En el expediente sancionatorio 006/2014, la Contraloría halló otro préstamo de Sefin hacia el Iprovipe por 20 millones cuyo último destinatario fue también la firma Corey.
Esos 20 millones, dice la Contraloría, “fueron repuestos por la empresa Corey desde febrero y mayo del año 2011, mediante dos depósitos de 10 millones cada uno, mismos que son inherentes a un préstamo otorgado por dicha secretaría (la Sefin)”.
Sin embargo, el Iprovipe “no liquidó a la misma el préstamo respectivo, desconociendo el destino del recurso”. Es decir, Corey sí retornó al Iprovipe los 20 millones recibidos, pero este nunca los devolvió a la hacienda central para saldar su deuda. Ahí también señala a Sánchez.
Un tercer caso investigado en Iprovipe, aunque no se trató de un empréstito, sino de una aportación (001/2014), es un faltante de 50 millones que debió pagar a la firma Centro Logístico de Jalisco para la compra de un predio de 55 hectáreas, en Zacoalco de Torres, y cuyo fin se desconoce.
La Sefin le transfirió para ello 150 millones, según el acuerdo PF/AAA/187-230/2010, firmado el 4 de agosto de 2010 por el exgobernador Emilio González y el extitular de Sefin, José Luis de Alba. Por estos hechos fue detenido el extesorero del Iprovipe, Roberto Valle.
Más deuda
Tan sólo los organismos operadores del transporte público: Servicios y Transportes, Sistecozome y Siteur, deben al Ejecutivo mil 169 millones 367 mil 743 pesos por capital e intereses, no obstante, éste antes que exigir su recuperación, los alentó a endeudarse aún más ahora ante la banca.
El 28 de octubre del 2014 el Congreso aprobó la iniciativa del gobernador Sandoval, que lo autoriza a obtener dos créditos bancarios, uno por 623 MDP y otro por 280 MDP, ambos para la adquisición de unidades de transporte.
El primero se supone que será pagado por los transportistas y el Estado es aval, el segundo tiene un fin contingente, es decir, sólo en caso de que aquellos incumplan sus pagos, aunque se asegura que dejarán en garantía su permiso, concesión o subrogación, el vehículo adquirido y hasta sus ingresos.
Aquel día el grupo de Movimiento Ciudadano y la diputada Celia Fausto del PRD votaron en contra. Se argumentó que se votaba a ciegas, sin que el Ejecutivo hubiera turnado la información financiera indispensable de esas instancias paraestatales (nunca se difundió esta enorme deuda).
En la iniciativa, además, no consta ningún diagnóstico del estado de las unidades, pero el proyecto salió con votos del PRI y el diputado del PRD, Enrique Velázquez.
El Ejecutivo mostró esta premura por la liberación de fondos para la compra de unidades con una elección en puerta, en cambio, poco avanza en los puntos considerados nodales para el transporte: el reordenamiento de rutas y la aplicación de un sistema único de pago.