El millonario desperdicio de Layda Sansores en AO
Sin tener sustento de su efectividad para combatir la pandemia de COVID-19, y a pesar de que las autoridades sanitaria rechazaron su uso, la alcaldía Álvaro Obregón compró túneles sanitizantes en 2020 que tuvieron un costo de más de 3 millones de pesos
David MartínezLa exalcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, desperdició millones de pesos en insumos inútiles para combatir la contingencia sanitaria por el COVID-19.
Dicha irregularidad es solo una de las diversas anomalías que dejó la ahora candidata de Morena al gobierno del Estado de Campeche: los órganos fiscalizadores locales han detectado más durante su gestión.
Durante el mes de abril de 2020, al iniciar la peor etapa de la pandemia de COVID-19, la alcaldía Álvaro Obregón gastó más tres millones de pesos en adquirir túneles sanitizantes.
Sin embargo, este gasto fue realizado aun cuando no existía ninguna prueba de que los túneles previenen contagios de COVID-19, ni su uso había sido recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, la Secretaría de Salud del Gobierno de México rechazó que sea efectivo su uso y afirmó que dan una falsa sensación de seguridad que hace que se descuiden otras medidas.
Incluso, se dio a conocer que aumentan el riesgo de dispersión del nuevo coronavirus y que los químicos que usan son dañinos para la salud.
Compra de Layda Sansores sin evidencias
En abril de 2020, la alcaldía Álvaro Obregón adquirió a través del contrato CAPS/2020-04/001, túneles sanitizantes para combatir la pandemia de COVID-19.
La formalización del convenio fue a través de la adjudicación directa, lo que significa que no hubo un concurso de licitación pública que garantizara las mejores condiciones para la administración pública de la demarcación territorial.
A su vez, el acuerdo comercial se le otorgó a la empresa Distribuidora QMB, S.A. de C.V., documento que estuvo vigente desde el 4 de abril de 2020 al 30 de junio del mismo año.
El monto total que pagó Álvaro Obregón a la empresa fue de tres millones 156 mil 476 pesos. Sin embargo, la información disponible en la PNT no detalla cuántos túneles se compraron, pues no se encuentran los anexos técnicos del acuerdo comercial.
Esta adquisición se realizó aún cuando la efectividad de los túneles sanitizantes para disminuir la propagación del virus no está probada.
Incluso, en el mismo mes de abril de 2020, la Secretaría de Salud del Gobierno de México confirmó que no hay relación alguna entre la disminución del riesgo de contagio de COVID-19 y el uso de dichos instrumentos.
“La concentración del desinfectante podría ser insuficiente para inactivar al virus”, señala el comunicado lanzado por la autoridad sanitaria.
Además, la institución federal dio a conocer que el el aerosol generado puede facilitar la diseminación del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o pertenencias de las personas que pasan por el túnel. Por lo que su uso en vez de ser un auxiliar en la prevención de contagios los podía propiciar.
Igualmente, señaló que dicho instrumentos tecnológicos podrían causar una falsa sensación de seguridad, que generaría el descuido de las demás medidas como el lavado continúo de manos.
En conclusión, la Secretaría de Salud no recomienda el uso y diseminación de estas tecnologías hasta que sea evaluada científicamente su efectividad, así como sus riesgos y beneficios
Túneles tóxicos
En agosto de 2020, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), adscrita a la OMS, lanzó un comunicado respecto a la utilización de túneles sanitizantes, en el que afirmó que las sustancias químicas aplicadas en ellos podrían resultar tóxicas para los humanos.
“Se sabe que los productos químicos utilizados para el rociado (compuestos de amonio, cloro, peróxido de hidróxido, alcoholes, glutaraldehído) y otros compuestos como el ozono, causan daños en los humanos como irritación en la mucosa, la piel, los ojos, el sistema digestivo, y las vías respiratorias”, indicó la OPS.
Asimismo, aclara que dichas sustancias químicas están hechas para superficies inanimadas y agua, y no deben usarse en el cuerpo humano.
Evidencia ASCM irregularidades en Álvaro Obregón
La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) evidenció en la última revisión de su Cuenta Pública, correspondiente al año 2019, que en la administración de Layda Sansores en Álvaro Obregón ocurrieron diversas irregularidades.
Una de las más importantes es la firma de contratos por 37 millones de pesos sin autorización de la alcaldesa.
Según la investigación del órgano fiscalizador, que se puede identificar con el folio ASCM/48/19, el entonces director de Administración de la demarcación y actual alcalde ante la licencia de Sansores, Alberto Esteva, no cumplió con los procedimientos legales y otorgó diversos contratos a la empresa Non Perishers Comercializadora.
De acuerdo con las observaciones de la ASCM, era necesaria la autorización expresa de la alcaldesa para concretar las adjudicaciones directas en favor de la compañía comercializadora.
La ASCM recomendó a la alcaldía mejorar sus mecanismos de control y supervisión en los procesos de contratación.
A pesar que el Gobierno local justificó la anomalía afirmando que no era necesario el consentimiento expreso de la alcaldesa, el órgano fiscalizador mantuvo la observación por la irregularidad. Lo que quiere decir que la anomalía cometida quedó firme aunque las autoridades de Álvaro Obregón quisieron excusarla.
