Patrullas bajo el radar
Sin precisar qué delito investiga, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México toda la documentación que acredite la compra de patrullas de vigilancia ambiental.
Icela Lagunas48,000
"Necesario llevar a cabo la adjudicación directa de los bienes descritos, ya que la situación actual de la calidad del aire (...) demanda actividades inmediatas y urgentes”
Sin precisar qué delito investiga, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México toda la documentación que acredite la compra de patrullas de vigilancia ambiental.
Se presume sobreprecio, por ello se le solicita a la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) del gobierno local entregue una copia certificada de la Licitación Pública Nacional No. 11-2015 y la envíe a las oficinas de la autoridad federal para la “debida integración del expediente”, se puntualiza en el oficio PGR-SEIDF-CGI-DAJ-2345-2015.
El procedimiento que inició con una convocatoria de licitación pública nacional con el número 11-2015 que hoy requiere la Procuraduría General de la República (PRG), terminó en un contrato de adjudicación directa entre la Sedema y la empresa Autohangar S.A. de C.V. en el que se utilizaron recursos federales provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015 para la compra de 36 unidades.
La explicación oficial se encuentra en el documento firmado por la titular de la Sedema, Tania Müller García, denominado “Justificación para la Adquisición de Patrullas Ecológicas por Adjudicación Directa”, en julio de 2015.
Diecisiete días antes, el 30 de junio de 2015, se había publicado la convocatoria para la Licitación Pública Nacional No 11-2015 para la adquisición de patrullas, motocicletas y equipo de medición.
El 3 de julio se efectuó la junta de aclaración, en la cual se realizaron 13 precisiones, y el 9 de julio siguiente la presentación y apertura de prepuestas, en la que se recibió el sobre de la empresa Liderti Incorporated S.A. de C.V., por lo que fue recibida su propuesta para el análisis.
También se registró en la lista de asistencia la empresa Automotores Querétaro S.A. de C.V., pero señaló que “debido a un percance automovilístico de su apoderado no le fue posible entregar el sobre con su propuesta”.
El día del fallo de la licitación se informó que Liderti S.A. de C.V. no cumplía con lo solicitado, por lo que se declaró desierto el procedimiento, toda vez que no hubo propuestas.
Esa situación motivó la justificación para proceder a la adjudicación directa de los bienes, haciendo uso del Fondo de Capitalidad que contempla el PEF 2015.
“Por lo anterior es necesario llevar a cabo la adjudicación directa de los bienes descritos, ya que la situación actual de la calidad del aire y el impacto que genera la contención de este tipo de delitos ambientales, demanda actividades inmediatas y urgentes de inspección y vigilancia como lo son los vehículos particulares, transporte de pasajeros, carga pesada, etc”, justificaron Francisco Javier García, director ejecutivo de vigilancia ambiental, y Tania Müller, titular del Medio Ambiente del DF.
El contrato de adjudicación directa entregado a Autohangar JUDA/O1FC/2015 fue por un monto de 25 millones 998 mil 126 pesos .
Expediente en observación
Ante el incremento del parque vehicular de la Ciudad de México, que cada año se incrementa con 200 mil autos en promedio, se propuso ampliar la inspección y vigilancia ambiental.
Para ello se utilizarían los recursos federales del “Fondo de Capitalidad” aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2015.
El proyecto estipulaba la cantidad de 30 millones de pesos para la compra de 44 vehículos de tres tipos diferentes, además de 5 motocicletas y 2 sensores remotos para medición de partículas en escapes.
Pero en general el contrato a Autohanger incluyó la compra de 36 unidades de diferentes modelos por casi 26 millones de pesos.
Por tratarse de recursos federales los que se usaron para comprar dichas patrullas, es que las instancias federales pueden pedir cuentas para saber cómo y a qué se destinaron.
Las facturas del contrato entregado a Autohangar refieren que un Jeep Wrangler fue adquirido en 425 mil 805 pesos, y a dicha cantidad se le sumaron 214 mil pesos por concepto de equipamiento, por lo que cada patrulla de este tipo costó alrededor de 640 mil pesos.
Lo que más llama la atención es que la Sedema compró motocicletas Yamaha en 37 mil 500 pesos, a las que le sumaron un equipamiento más costoso que la propia moto, por casi 48 mil pesos, lo que resultó en motos de 85 mil.
Además de esos modelos también compraron para patrulla el charger en más de medio millón de pesos cada uno: 455 mil 951 por la unidad y 220 mil de equipamiento, en suma 675 mil.
Como referencia está las compras de diversos vehículos para patrullas equipadas que compró la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) un año y medio atrás.
La corporación policiaca adquirió 82 Dodge Avenger, equipadas como patrullas, en 386 mil cada una, y también 35 camionetas Ram, equipadas, en 485 mil pesos cada una.
El historial de la verificación
El actual programa de Vehículos Contaminantes (PVC) tiene sus antecedentes en el denominado Programa Integral de Reducción de Emisiones Contaminantes que se instrumentó en 1999, a la par del Programa de Vehículos Contaminantes y Unidades sin Verificar.
Hasta el año 2000 la aplicación se realizaba conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública del DF.
A partir del 2001 se realizó la primera operación por personal de la Sedema, contando para tal efecto con 10 unidades que realizaban un promedio de 10 mil sanciones por año.
Dicha dependencia fue la que en el 2005 presentó ante el Fondo Ambiental Público del DF el programa PVC.
Se contrató a una empresa que apoyaría suministrando vehículos, equipo de medición y personal técnico, a la que se le daría un pago porcentual por cada sanción levantada.
Se procedía a retirar la placa vehicular del sancionado hasta que regularizara la situación mecánica de la unidad y el pago de la sanción correspondiente.
Bajo ese esquema, en el año 2009 se ponen en marcha 30 unidades nuevas, las patrullas modelo Kangoo de Renault.
Sin embargo la Sedema argumentó que presentaron problemáticas desde el punto de vista “mecánico” y de “seguridad”, así como de “imagen ante un acto de autoridad”.
De acuerdo al documento que justifica la compra de las patrullas ecológicas a Autohangar, las Kangoo de Renault contaban con “partes mecánicas y eléctricas de poca resistencia para el ritmo del programa, asimismo la refacciones son de alto costo y monopolizadas por la propia marca”.
Las patrullas que compró la Sedema y cuyo expediente solicitó la PGR son las que se utilizan en el programa que sanciona a los vehículos que rebasan los límites permisibles de contaminación, aquellos que no cuenten con verificación vehicular vigente o que circulen en un día restringido.
Por este programa entraron durante un periodo de diez años, un total de 165 millones de pesos por concepto de sanciones a vehículos contaminantes.
Del 2005 a 2008 a la empresa contratada para el apoyo operativo y técnico del programa se le realizaba un pago de 32.5 por ciento por cada sanción pagada.
Luego, de 2009 y hasta abril del 2012, el GDF entregaba un 34 por ciento por cada sanción pagada a dos empresa contratadas.
