La alerta aeronáutica que emitió la PGR contra tres ex gobernadores de Tamaulipas por una investigación de narcotráfico fue subestimada, y el análisis fue orientado a los intereses electorales.
Pero ahora que la DEA detiene e interroga a un hombre clave en las investigaciones de los ex gobernadores y sus supuestos nexos con el narcotráfico, cambia diametralmente el fondo legal.
Y las declaraciones del reo Antonio Peña Argüelles pueden derivar en una solicitud de extradición de alguno de los ex gobernadores: Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington o Eugenio Hernández.
De hecho, la primera noticia de la alerta aeronáutica que fue difundida por Reporte Indigo el lunes 30 de enero por la mañana, fue minimizada por otros medios de comunicación nacionales hasta que la PGR emitió un boletín cerca de la medianoche del lunes.
Y luego, el viernes 3 de febrero, Reporte Indigo publicó una entrevista con Omar Durán Perales, ex funcionario del gobierno de Tamaulipas que denunció que la administración de Manuel Cavazos Lerma protegía el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
Ahora, con la aprehensión de Antonio Peña Argüelles este 8 de febrero, y su interrogatorio por parte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, se abre una veta de investigación criminal que rebasa a la alerta migratoria.
Y es que, hasta ahora, los mensajes que dejan los grupos del crimen organizado y que señalan hechos específicos en relación a las actividades de sus rivales contienen información que regularmente es verificada.
En el caso de Peña Argüelles, detenido en Laredo, Texas, el grupo delictivo de Los Zetas hizo acusaciones muy graves contra él, y todas están relacionadas con el narcotráfico y con el ex gobernador Tomás Yarrington.
La aprehensión de Peña Argüelles está directamente relacionada con un hecho ocurrido a finales de noviembre de 2011.
Entonces, el cuerpo de un hombre asesinado fue abandonado junto a una manta en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La víctima era el hermano del recién detenido por la DEA.
Los autores del mensaje acusaron a Peña Argüelles de haber participado en el asesinato del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú.
Y de haber perpetrado el homicidio porque el candidato afectaba los intereses de las compañías de Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo y de Los Zetas extraditado a Estados Unidos.
Empresas donde, según el mensaje de los delincuentes, el ex gobernador Tomás Yarrington participa como socio.
También acusaron a Peña Argüelles de haberles robado 5 millones de dólares que el grupo criminal había aportado para la campaña de Torre Cantú.
Además, el mensaje de la manta decía que Peña Argüelles lavaba dinero en Estados Unidos.
Una serie de acusaciones que ahora, con la alerta migratoria de la PGR, pone a los tres ex gobernadores tamaulipecos bajo la lupa de la DEA.
Y a eso habría que sumar la acusación de Omar Durán Perales, ex funcionario de Tamaulipas que salió del país porque, según dice, fue amenazado directamente por el entonces gobernador Cavazos Lerma cuando denunció el trasiego de droga.
UN CAMINO QUE LLEVA A LA DEA
