Aprueba Morena reforma a Ley de Hidrocarburos; panistas los tildan de títeres del gobierno
Morena asegura que esta iniciativa no tiene fines expropiadores como asegura la oposición, sino que busca evitar el huachicol y otras malas prácticas
Yvonne ReyesEn medio de reclamos y acusaciones y con la postura en contra de los legisladores del PAN, PRI, MC y PRD, Morena y sus aliados del PT y PES aprobaron en el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de reformas a la Ley de Hidrocarburos del Ejecutivo Federal que prevé la suspensión y revocación de permisos en el sector.
La reforma, que fue avalada en lo general con 292 votos a favor, 153 en contra y 11 abstenciones del PVEM, busca fortalecer y recuperar el mercado para Petróleos Mexicanos (PEMEX), y endurecer el combate al contrabando, robo y venta de litros incompletos de gasolina, diésel y gas a los usuarios.
Prevé la suspensión temporal de los permisos de refinación, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, en caso de un “peligro inminente” para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional.
Se modificó el artículo 59 Bis para detallar que la suspensión deberá ser notificada previamente al permisionario y estar debidamente fundamentada.
En su caso, el permisionario tendrá 15 días, una vez notificado, para exponer lo que a su derecho convenga y la autoridad en el mismo plazo deberá resolver.
Se incluyó un artículo transitorio para establecer que la Comisión Reguladora de Energía y el Servicio de Administración Tributaria deberán verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables para la medición de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
#ÚltimaHora Con 292 votos a favor, 153 en contra y 11 abstenciones, el Pleno aprobó, en lo general, reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. Inicia la discusión en lo particular de los artículos reservados. pic.twitter.com/LuA0zgvnWy
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 14, 2021
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Energía, el morenista Manuel Rodríguez González,dijo que la reforma es para combatir el contrabando y el mercado ilícito de hidrocarburos que han dejado pérdidas por 23 mil millones de pesos.
“Es imperativo fortalecer a las empresas productivas del Estado como garantes de la seguridad y la soberanía energética y palanca del desarrollo nacional para detonar un efecto multiplicador en el sector privado”.
Durante el debate, el panista Justino Arriaga Rojas afirmó que esta reforma, que nació muerta, representa un duro golpe al Estado de Derecho que afecta al clima de inversión, mientras su compañera de bancada, María de los Ángeles Ayala, llevó a la máxima tribuna un par de marionetas y acusó a Morena y sus aliados de ser títeres del gobierno.
“Como títeres de gobierno tienen la orden presidencial de aprobar a cualquier costo y por encima de quien sea, un dictamen que sepulta todo intento y esfuerzo de tener un sector energético competitivo, sostenible, sustentable y la atracción de inversiones. Les estamos hablando a ustedes. Aquí se les dejo para que se acuerden quienes son”, dijo la panista.
Mientras, los priistas Fernando Galindo y Enrique Ochoa Reza, este último ex director de la CFE, señalaron que la iniciativa es inconstitucional al no incluir en el dictamen la opinión de la Cofece. Advirtió que el planteamiento del Ejecutivo repercutirá en combustibles más caros y escasez de éstos.
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“Aquí está la Comisión de Energía presentando un dictamen incompleto que no incluye la opinión negativa de la Comisión Federal de Competencia Económica.
Esta reforma producirá combustibles caros, y va haber escasez de combustibles si se aplica en sus términos, porque establece barreras a la entrada que impiden la competencia económica, competencia económica que fortalece al consumidor, y competencia económica que fortalece a Pemex”, dijo Ochoa Reza.
Los legisladores de MC y PRD advirtieron que esta reforma va en contra de la Constitución y de tratados internacionales, atropella la competitividad y desarrollo económico, ahuyentará inversiones e impulsará un monopolio de Estado y una expropiación indirecta.
