El todo por el todo
La situación en Venezuela es una bomba de tiempo. La crisis política que padece el país ha escalado a un nivel superior en los últimos días.
El proceso de consulta para la revocación del mandato de Nicolás Maduro, iniciado por la oposición el pasado mes de abril, fue suspendido el domingo 23 de octubre por la Corte Nacional Electoral (CNE).
Andrea Montes Renaud40%
Empresa que se detenga, empresa que será recuperada por los trabajadores y la revolución (...) No voy a tolerar ningún tipo de conspiración”
La situación en Venezuela es una bomba de tiempo. La crisis política que padece el país ha escalado a un nivel superior en los últimos días.
El proceso de consulta para la revocación del mandato de Nicolás Maduro, iniciado por la oposición el pasado mes de abril, fue suspendido el domingo 23 de octubre por la Corte Nacional Electoral (CNE).
Sin embargo, dos días más tarde, la Asamblea Nacional –controlada por la oposición– aprobó la apertura de un juicio político contra Maduro, que llama al presidente a asistir a la Asamblea el próximo 1 de noviembre para que “se someta al escrutinio del pueblo”, y deberá responder por sus acciones.
Pero pese a que la mayoría opositora acordó “iniciar el procedimiento de responsabilidad política del presidente de la República”, al que acusa de haber provocado la “devastación de la economía del país”, éste será solo de carácter simbólico, y no jurídico, ya que el proceso de impeachment parlamentario –como el que destituyó a Dilma Rousseff en Brasil– no existe en Venezuela.
Por eso, Venezuela sufre un estancamiento político e institucional, ya que Maduro se niega a reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional, encabezada por el socialdemócrata Henry Ramos Allup.
Y mientras que la oposición tiene la mayoría parlamentaria, el régimen chavista controla el Ejecutivo, la justicia, la autoridad electoral y las fuerzas armadas y la policía.
Por lo que el siguiente movimiento esperado para presionar la convocatoria del referendo revocatorio, será una “marcha pacífica” el día 3 de noviembre, que se dirigirá hacia el palacio presidencial de Miraflores, un destino simbólico para el pueblo venezolano, y que tendrá lugar exactamente después de la votación del Parlamento sobre los procedimientos abiertos contra Maduro, cuyo mandato expira en 2019.
¿Rumbo a la dictadura?
Para tratar de calmar la ira, un día antes del paro nacional el jefe de Estado aumentó el 40 por ciento el salario mínimo, es decir, alrededor de 140 dólares al mes.
Importante en apariencia, esta medida es insignificante frente a la inflación galopante en el país.
Signo de la fuerte tensión que escala en el país, fue que la oposición que convocó a la huelga general del viernes, acusó a Maduro de “golpe de Estado”, por su amenazante intervención militar y por su negativa a permitir un referéndum de revocación de su mandato.
Y tras las amenazas del gobierno de Maduro de tomar el control de los negocios que no abrieran al público, el paro nacional convocado por la oposición el viernes movilizó sólo a una tímida porción de simpatizantes.
A pesar de que la oposición calificó el paro como un “éxito” exhibiendo fotos de calles semidesiertas, en Caracas las panaderías, farmacias y supermercados estaban abiertos y con las ya habituales filas de compradores en busca de bienes escasos. En el resto del país, la medida se cumplía a medias.
Por su parte, el chavismo también convocó a una marcha, que será el mismo 3 de noviembre y hacia el mismo lugar que la oposición: el palacio presidencial, para defender la revolución y al mandatario Nicolás Maduro.
Sector empresarial pierde influencia
Con la inflación más alta del mundo, la profunda recesión económica y la escasez de alimentos y medicinas, Venezuela atraviesa una de las peores crisis de su historia contemporánea y la oposición responsabiliza a Maduro.
Y es que, en ese sentido el sector privado venezolano es débil frente a un Estado que en la última década ha profundizado sus políticas socialistas y monopolizado la industria petrolera.
Con las mayores reservas de crudo del mundo, en Venezuela la explotación petrolera está reservada al Estado y en la industria solo intervienen parcialmente empresas privadas extranjeras, en asociación con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Además, el sector empresarial es acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de ser “agentes de desestabilización” a través de la “guerra económica”, a pesar de aportar el 70 por ciento del Producto
Interno Bruto y generar el 80 por ciento del empleo.
Y sin embargo, los empresarios venezolanos, despojados cada vez más de su poder de influencia en el país, evitaron figurar en la movilización de huelga general convocada por la MUD, aunque dieron libertad a sus trabajadores para acatarla.
Pues, lejos de ser un factor de poder, el empresariado venezolano depende del Estado para obtener las divisas que le permiten importar materia prima y maquinaria, desenvolviéndose en un ambiente de crisis económica que ha reducido drásticamente la demanda.
