Poco se ha discutido sobre eliminar el subsidio de combustible en México.
Defender la intervención gubernamental para fomentar programas contra la pobreza y al mismo tiempo quejarse de los aumentos del precio de la gasolina es absurdo. Sin embargo esto es preocupantemente común para el caso mexicano.
Es sencillo, si el gobierno decide intervenir en los mercados, debería ser con la intención de mejorar el bienestar de los de menor ingreso.
Esto significa que los estratos económicos con menores ingresos no deberían pagar para proveer bienes consumidos principalmente por las clases más altas. Esto es exactamente lo que pasa con la gasolina.
El 20 por ciento de las personas con mayores ingresos del país consume el 53.5 por ciento de la gasolina, mientras que el 20 por ciento con ingresos más bajos sólo usa el 2.8%.
Es evidente que el estrato económico de la población que más se beneficia con este programa gubernamental es el que más usa el carro, casualmente, aquellos con mayores ingresos.
Sin embargo, eliminar el subsidio a la gasolina ha probado ser todo un problema en la práctica debido a los costos políticos que esto conlleva. Los consumidores están acostumbrados a precios bajos y se ha vuelto una medida populista mantener el subsidio.
Un ejemplo de este costo es el caso de Nigeria, en el cual a principios de este año el gobierno cortó por completo el subsidio a la gasolina. Esta medida radical causó tanta conmoción social que ha desembocado en huelgas.
Existen ciertos países que siguen utilizando el subsidio al combustible, entre los cuales figuran Arabia Saudita, Bolivia, Venezuela e Irán. Sin duda, México no debería tomar como ejemplo ninguno de los casos anteriores para diseñar sus políticas públicas.
En México se ha buscado reducir gradualmente el subsidio con una combinación de impuestos federales y estatales a un ritmo de 8 centavos al mes, según el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José González Anaya.
Al asegurar que los precios de la gasolina en México están 30% más baratos respecto a los precios internacionales, indica que se busca un “desliz gradual, buscando eliminar el subsidio”.
El costo del subsidio nace porque el país es un importador neto de gasolina, es decir, en México se consume más gasolina de la que se puede refinar. Al comprar a precios internacionales y vender a los precios de subsidio, se acarrea un costo.
Ante la reducción del subsidio hemos visto incrementos en el precio de la gasolina. Del 2007 al 2011 aumentaron en 37.8 y 24.91 por ciento, respectivamente, los precios de la Magna y la Premium.
El problema principal es que el dinero destinado al subsidio, casi 170 mil millones en el 2011 (de acuerdo a González Anaya), se puede usar para cosas más urgentes.
Si comparamos la cantidad monetaria del subsidio con otros fondos se observan cosas sorprendentes.
Los recursos dirigidos al subsidio superan fondos tan importantes como los de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública.
Por si fuera poco, el programa de Desarrollo de la ONU indica que se gasta cuatro veces más en el subsidio a combustibles que en todos los programas para abatir la pobreza del país juntos.
Tanto se habla de eliminar la pobreza alimentaria, combatir el narcotráfico, mejorar la calidad educativa y se siguen desperdiciando escasos recursos públicos en subsidiar los viajes de las personas que se pueden dar el lujo de tener automóvil.
En este aspecto, las clases más pudientes deberían ver por el potencial beneficio a los marginados al no insistir en dejar los precios bajos de la gasolina.
De esta manera, la presión en la agenda económica por mantener el subsidio a la gasolina se reduciría y se podrían usar esos recursos en cosas que realmente beneficien a los que menos tienen.
No sólo se trata del dinero
Eliminar el subsidio a la gasolina además tendría implicaciones ambientales positivas y pondría fin a distorsiones en el mercado que nos han salido caras a los mexicanos.
El pagar relativamente poco por la gasolina ha generado el uso excesivo de automóviles particulares, haciendo a las ciudades caóticas y dependientes del transporte personal.
Como los ciudadanos no se han visto en la urgente necesidad de demandar a los políticos un transporte público de calidad, las obras que se hacen tienen sólo mejorías para aquellos con automóvil.
Un ejemplo claro de esto es Monterrey, en esta ciudad inmensa es problemático no contar con automóvil al tener un sistema de transporte particularmente deficiente.
Sin embargo, no se gestionan proyectos de transporte público al no haber presión política en este sentido.
El fuerte incremento inflacionario de estos productos a simple vista parece negativo. Pero al ser por una reducción del subsidio en verdad representa un giro positivo por parte del gobierno para apoyar a la clase económica más necesitada y un eventual mejoramiento urbano.
Sería bueno que el gobierno del siguiente sexenio continuara esta política en vez de revertirla por intereses partidistas.
