Las 10 preguntas de la Ley Antilavado
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¿De dónde nace la ley?
La Ley Antilavado representa un esfuerzo por parte del gobierno mexicano de combatir el blanqueo de capitales en el país, entrando así en línea con regulaciones comparables de otros países que buscan combatir estas prácticas ilícitas.
Las autoridades mexicanas estiman que en México el monto de dinero asociado con el blanqueo de capitales es de por lo menos 10 mil millones de dólares al año, lo cual representa más del 3 por ciento del producto interno bruto del país.
Rolando Hinojosa207,880
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¿De dónde nace la ley?
La Ley Antilavado representa un esfuerzo por parte del gobierno mexicano de combatir el blanqueo de capitales en el país, entrando así en línea con regulaciones comparables de otros países que buscan combatir estas prácticas ilícitas.
Las autoridades mexicanas estiman que en México el monto de dinero asociado con el blanqueo de capitales es de por lo menos 10 mil millones de dólares al año, lo cual representa más del 3 por ciento del producto interno bruto del país.
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¿Quién debe cumplirla?
La nueva ley antilavado pretende combatir el uso ilícito de dinero siguiendo los lineamientos internacionales. Las personas o empresas que están obligadas específicamente a cumplir con las obligaciones de la nueva ley son aquellas que realizan una actividad vulnerable.
En otras palabras, si las operaciones de un negocio no son consideradas por la ley como susceptibles de usarse como medios de lavado de dinero, entonces no habrá ningún cambio en su regulación.
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¿Qué es una actividad vulnerable?
Dentro del texto de la Ley Antilavado existen un total de 15 actividades no financieras que son consideradas como vulnerables. Entre los principales negocios afectados se encuentran los juegos, concursos, sorteos, compra y venta de inmuebles o vehículos (tanto terrestres como aéreos y marítimos), joyas, obras de arte, tarjetas de prepago y servicios de blindaje.
Además de ubicarse en alguna de estas actividades, el negocio debe manejar cierta cantidad de dinero para que sea sujeta a la ley.
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¿Qué obligaciones genera?
La ley genera principalmente dos obligaciones: identificar a los clientes de las empresas que realicen actividades vulnerables y dar avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de acuerdo a las actividades vulnerables realizadas.
A nivel práctico, esto implica que las empresas afectadas tendrán que nombrar un representante ante la SHCP, identificar sus clientes y resguardar su información por un periodo de cinco años, y presentar reportes sobre sus operaciones ante las autoridades.
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¿Cuándo y cómo se presentan los avisos?
Los avisos generados debido a las actividades susceptibles a la ley deberán ser presentados por el representante designado de la empresa, ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la SHCP a más tardar el día 17 de cada mes.
Los avisos deberán informar a las autoridades acerca de las operaciones de las empresas que realicen alguna de las 15 actividades vulnerables establecidas por la ley durante el mes anterior inmediato a la entrega del reporte.
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¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento?
La fuerza de las sanciones contempladas por la Ley Antilavado ha sido resaltada en el pasado, ya que aunque no se contemplan castigos penales sí se establecen multas bastante fuertes. Por incumplimiento a lo señalado por la ley, las multas pueden ir desde entre 13 mil y 130 mil pesos por no identificar clientes o usuarios ante las autoridades, hasta los 4 millones de pesos (o el 10 por ciento de la operación, dependiendo de cuál monto resulte mayor) por no presentar informes de operaciones vulnerables ante la SHCP.
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¿Cómo serán los pagos en efectivo?
En el caso de algunas de las actividades vulnerables, como los juegos de apuesta, los concursos y sorteos, y las operaciones con metales y piedras preciosas y joyas, entre otras, los pagos en efectivo no podrán ser mayores a 207 mil 880 pesos. En caso de haber una diferencia entre el precio y el monto fijado por la ley, el resto tendrá que cubrirse a través de otras formas de pago como transferencias electrónicas, cheques, o pagos con tarjetas de crédito.
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¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera?
Aunque el SAT recibe los reportes, el análisis de los mismos corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la SHCP, que es el principal organismo de gobierno encargado de combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y terrorismo.
Se creó desde el 2004 y es la autoridad más relevante dentro de la nueva ley. Entre sus facultades se encuentra la de recibir reportes financieros, analizar toda información relacionada al lavado de dinero y detectar las actividades vinculadas a este tipo de delitos.
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¿Qué contadores quedarán regulados?
Los contadores regulados por las autoridades serán aquellos a los que sus clientes aplique la ley. En principio, todos los contadores que tengan clientes que perciban ingresos de más de 100 mil pesos mensuales deberán reportar al gobierno.
Estos serán los encargados de presentar los informes que demande la ley. Por lo tanto, con las nuevas disposiciones cualquier contador puede ser sujeto a cumplir con nuevos requisitos si cae en los supuestos establecidos.
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¿Qué rentas de viviendas están reguladas por la nueva ley?
Al igual que el resto de las actividades vulnerables que señala la ley, los ingresos por rentas de inmuebles que deben ser reportados dependen de su monto.
De tal modo, si lo ingresos que una persona obtiene por sus rentas es superior a 103 mil 930 pesos, deben presentar un aviso a la Secretaría de Administración Tributaria. Asimismo, si supera los 207 mil 879 pesos mensuales debe además dar de alta un registro ante las autoridades.
